León Roldós

¿Habrá ética…?

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En el discurso del Gobierno está la convocatoria a un pacto ético en el Ecuador. Por eso, hay que preguntar:

¿Habrá ética en la consulta popular para prohibir inversiones y cuentas de funcionarios públicos en paraísos tributarios?

De quererse –y en lo personal no me opongo- introducir reformas legales al respecto, con la mayoría absoluta y el alineamiento total de la mayoría de la Asamblea con el Gobierno resulta absolutamente innecesaria esa consulta, dilapidando recursos fiscales que podrían tener otro uso o destino.

Cuando el jueves 14 de julio del 2016, el Presidente Correa anunció la consulta, señaló “ “… prácticamente no tendrá costo para el país, pues se la realizará con las elecciones generales de febrero de 2017”.

Sin embargo, ya se fijó por el Consejo Nacional Electoral un presupuesto específico para la consulta por USD 2’ 885 076,64, a lo que debe sumarse el subsidio para los que hagan campaña por el SI en la consulta –seguro que ahí estará Alianza País, en combo con sus candidatos- y campaña por el NO, de haber alguna fuerza política que se inscriba para promoverlo.

¡Qué descaro!

¿Cuánto será la dilapidación final de recursos fiscales por no tomar el Presidente la decisión con Asamblea propia, sino utilizar el tema para campaña electoral? Por lo menos cercano a USD 4 millones.

Alguien del Consejo Nacional Electoral ha expresado que si la consulta se hacía en un proceso diferente al de las elecciones de febrero del 2016, costaría la consulta por lo menos USD 40 millones, por lo que habría un ahorro de USD 36 millones. Insolencia, para farrearse casi USD 4 millones.

Siendo un derroche innecesario, en algún momento, la Contraloría deberá glosarlo, porque las decisiones deben considerarse en su esencia, no sólo en el formalismo de la autorización de una supuesta autoridad electoral sometida, para legalizar ese derroche, imposible de legitimar.

¿Habrá ética en situar el problema de la corrupción sólo en la existencia de paraísos fiscales, cuando el problema más grave es la falta de transparencia? Resulta tragicómico cuando la Contraloría informa que hay decenas y decenas de pronunciamientos de indicios de responsabilidad penal –que se supone han sido elaborados con mucho rigor- cuya afectación a los fondos públicos sería de miles de millones de dólares y luego nada pasa.

El tratamiento de la Ley que va a imponer un severo castigo tributario a la plusvalía, mintiéndose de que sólo es para castigar la especulación inmobiliaria, entre las fiestas de Quito, la Navidad y el fin de año, como ley urgente, para nada corresponde al ofrecimiento de meses atrás del Presidente Correa de que ese proyecto de Ley lo sometería a foros de debates. ¿Cuál es la urgencia?, ninguna.