Ernesto Albán Gómez

¿La quinta pata del gato?

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Sin pestañear, voté siete veces por el “sí”. Pero, ahora, una vez obtenido el resultado que deseábamos los ecuatorianos en su gran mayoría, me veo en el caso de puntualizar algunas dudas. Tal vez se trata de una incorregible tendencia profesional de buscar la quinta pata del gato.

Dudo de la conveniencia de prohibir la reelección por más de dos veces (aparte por supuesto del presidente y vicepresidente) de otros funcionarios públicos, asambleístas, alcaldes, concejales, miembros de las juntas parroquiales. Tampoco tengo muy claro cuál sería el alcance de la llamada “muerte civil” e inclusive advierto peligros respecto a la imprescriptibilidad de los delitos.

La cuestión más discutible es la referida al Consejo de Participación Ciudadana. Repito la opinión que tengo de este organismo desde el 2008. Se trata de una invención injustificada, novelera en la teoría constitucional, una institución sin antecedentes y que sirvió para una desembozada y antidemocrática concentración del poder político. Por eso yo creía que debía consultarse en el referéndum la eliminación del Consejo. Entiendo que el plantearlo de esta manera podría provocar un posible bloqueo de la Corte Constitucional, que era mejor evitarlo. Además, me parece entender que el presidente Moreno no es partidario de la eliminación y por eso propone mantener el Consejo y modificar el mecanismo de designación de sus miembros.
Viene primero, el régimen transitorio y su función de fiscalización de los funcionarios designados con anterioridad. Claro que, en mi opinión, en la consulta debió proponerse el cese automático de todos los designados anteriormente. En todo caso estoy seguro de que el Presidente cumplirá su promesa de postular para el Consejo a candidatos del más alto nivel, ajenos a las componendas y a los palanqueos. Pero luego viene el régimen definitivo: elección popular de tales integrantes. Y en tal escenario hay que preguntar si la elección popular puede asegurar que el Consejo esté integrado por ciudadanos de solvencia intelectual y moral, como serán los que integren el Consejo provisional, que además ya no podrán ser candidatos. No podemos perder de vista que una elección es un proceso lleno de aristas, de resultados imprevisibles; que toda elección, aunque se pretenda blindarla, tiene inevitablemente un carácter político, y la experiencia histórica nos muestra que no siempre ganan los mejores. Por eso considero que las designaciones que ahora realizan los miembros del Consejo deberían ser de la competencia de la Asamblea, como ocurre en países democráticos en los que no se han introducido las novelerías de la llamada revolución del siglo XXI.

No se trata de buscar una inexistente quinta pata del gato, sino de anticipar lo que puede ocurrir con la fórmula que acaba de aprobarse.