Alfredo Negrete

El truco de la participación

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El tema de agregar o crear una función del Estado no es un problema de técnica legislativa sino de arquitectura estatal; en la actualidad, nutrida por la corriente denominada “neo constitucionalismo”. Con ese propósito en el Ecuador se patentó una especie de “Robocop” denominada Función de Transparencia y Control Social. En la vida real fue solo un órgano realizador de las políticas del Ejecutivo. El propósito era blindar a nivel constitucional –igual que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial- una superestructura que asegure el ejercicio del poder concentrado como en una dictadura. No se trató de una nueva función estatal sino de un órgano que hipertrofie a la Función Ejecutiva y disminuya o limite a la legislativa. Gajes del socialismo del nuevo siglo.

Tradicionalmente, las tres funciones clásicas: legislativa, ejecutiva y judicial sin ser perfectas, son percibidas como Churchill entendió a la democracia en la Casa de los Comunes el 11-11-1947: “la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando”. Lo sucedido con el Consejo de Participación Ciudadana es que se fortaleció el estatismo invirtiéndose la tendencia liberal que ampliaba los espacios al sector privado. En Montecristi se viró la tortilla, como recuerdan las nostálgicas de la guerra civil española. También fue una oportunidad para comprobar el acierto de Lord John Acton .“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

En la pregunta dos se insiste, bajo la evocación al fantasma de Montecristi, en crear una nueva instancia del Estado confundiendo función, órgano y sistema democrático. Se desconoce que la Participación Ciudadana es omnipresente que debe estar en toda la esfera de la sociedad política: en la elección de los legisladores cada dos y no cuatro años; vigilar las primarias en los distritos; de lo contrario, estos solo serán un artilugio para quebrar la hegemonía de los bastiones populistas. Si se cumple con la ética de la participación debe implantarse de urgencia una paridad para los afiliados y jubilados en el Consejo Superior del IESS cuya actual integración solo ha servido de mandíbulas del lagarto estatal. Si hay sindéresis con la proclama de la participación, el pueblo debe actuar en la elección del contralor y el fiscal general, así como asegurar una veeduría en la conformación de la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia. Alegarán que el pueblo no está preparado como lo dijeron a principios de la República cuando le impidieron el voto.

Mientras la polémica continúa, con humildad académica y jurídica, hay que seguir estudiando la fórmula de Montesquieu: “Que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas; que el que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute.”