León Roldós

Ni impunidad ni ensañamiento

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A la impunidad no hay que verla en la sola singularidad del caso específico que queda sin sancionar, sino en lo más grave cuan es que se convierta en incentivo para la comisión de más delitos, en forma secuencial u otros.

En las circunstancias de la década reciente se ha puntualizado casos en que la tacha de impunidad ha sido reiterada, sobre las que deben avanzar investigaciones, para que no quede la percepción de solamente palabras y palabras, que es el alto riesgo que se puede generar al no pasar del discurso a la información cierta y creíble.

En esa década, la práctica del gobernante ante denuncias de opositores, de periodistas y de investigadores, fue agraviarlos en las sabatinas y por otros medios, extendiéndose a procesamientos y a órdenes y condenas de privación de la libertad. El caso de Fernando Villavicencio es uno de estos últimos.

Pero la solución no va por convertir a los victimarios de ayer -por el abuso del poder- en víctimas por solo acusarlos, cuestionarlos y perseguirlos.

El ensañamiento no puede sustituir a la impunidad. La verdad de los hechos y de las circunstancias es lo que demandamos los ecuatorianos.

Por eso, se vuelve indispensable que se vayan concretando las investigaciones, que las denuncias no se ignoren y se verifiquen los hechos o se desestimen, según sea lo procedente. Las auditorías deben ser a fondo y sin reservas. No puede haber “casos cerrados”, ni leguleyadas que lo impidan.

Los casos de la empresa brasileña Odebrecht, Petroecuador, las llamadas preventas de petróleo; los contratos con escalamientos de precios, y otros, son episodios que tienen que esclarecerse, no quedar en frases, ni la defensa aceptable puede ser que solamente se trata de ataques políticos.

No olvidemos que en la década reciente se legisló con dedicatoria, como fue aquello de eliminar pronunciamientos previos de la Contraloría y la Procuraduría y suprimir la auditoría de gestión, a pesar de las advertencias de que lo uno y lo otro sería proclive a la corrupción. Por eso, los hechos y las cuentas deben presentarse como tales y no estar condicionados a normativas que pueden haberse dictado para el ocultamiento o la trampa. En su momento deberá verse qué procesamiento debe seguirse, recordando que hay delitos imprescriptibles.

Sólo la verdad generará la confianza de que podrá haber justicia para el pueblo ecuatoriano, porque éste es el más severamente castigado por la corrupción.

Y esa justicia se vuelve indispensable para que la economía se reactive. Ni empresarios nacionales ni extranjeros van a invertir en un país ahogado entre tachas y denuncias que no se investigan, porque ese precedente es nefasto.