El domingo pasado parecía que iba a ser uno más de los anodinos días de este gélido verano quiteño, pero no. Resultó que fue peor porque las malas noticias empezaron a caer en cascada: “68 muertes de mujeres en manos de hombres” en lo que va del año (Expreso); “Cada 61 horas asesinan violentamente a una mujer” (El Universo); “184 mujeres, enjuiciadas por el delito de aborto consentido” (EL COMERCIO). La indignación y la tristeza se articularon en una idea desoladora: este no es país para mujeres, parafraseando el título de la novela de Cormac McCarthy, que los hermanos Coen llevaron al cine (‘No country for old men’).
La Dinased registraba hasta el 21 de junio de este año, según El Universo, 57 muertes violentas de mujeres en Ecuador; y el Colectivo de Geografía Crítica llevaba la cuenta de 67 mujeres asesinadas hasta la misma fecha. ¿57 o 67? Sea cual fuere, la cifra es escandalosa porque no son números sino vidas, historias, relaciones, proyectos destruidos de forma cruel. Y es escandalosa porque, pudiendo hacer mucho más, el Estado parece un convidado de piedra a esta borrachera de sangre.
O eso puede inferirse de la denuncia que hace la abogada y activista por los derechos de las mujeres Silvia Buendía en su entrevista con Expreso: en el 2014 se eliminaron las Comisarías de la Mujer, que era donde las mujeres maltratadas acudían sin necesidad de tener abogados, audiencias y pruebas, como sucede ahora; o la omisión en el COIP de la especificación de que el trámite en los casos de violencia contra la mujer debe ser expedito. Son temas serios, que hacen la diferencia entre la vida o la muerte, literalmente.
Y qué decir del trato de delincuentes que reciben las mujeres desesperadas que no pueden aspirar ni a la propiedad y privacidad de lo que pasa con su propio cuerpo y van presas por algo que a unos señores y a unas religiones les parece que es pecado y/o delito. ¿Por qué este Estado laico no invierte esos recursos y rigor en causas más provechosas? Aporto con dos ideas: en el campo de la salud, a asegurarse que los pacientes con enfermedades catastróficas cuenten a tiempo con su tratamiento y medicina; y en el de la seguridad pública: a cortarles las uñas largas a tanto funcionario ratero, que cunde de lo lindo en esta patria altiva y soberana. Serían plata y tiempo mejor invertidos, créanme.
De seguir así, vamos a tener que declarar la misoginia como política de Estado. O eso parece cuando se parte de la presunción de que una madre no da de lactar a su bebé porque es mala y se la obliga a hacerlo con una ley. O cuando el Estado complica, a través de la ley, la prevención de la violencia contra la mujer. O si el mismo Estado reemplaza la educación sexual por cantaletas sobre la abstinencia, que no funciona y bien puede terminar en un aborto. Es que no hay pierde, o cambia todo esto o Ecuador no es país para mujeres.