Gonzalo Ruiz

Secesión o status quo en Cataluña

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La cuestión de Cataluña y el afán de separarse del Estado español expresada por parte de su población es tema complejo, causa tensión.

La peor consecuencia de los afanes independentistas afloró en los episodios de violencia ocurridos el 1° de octubre cuando en un acto ilegal millones de personas fueron a depositar su voto y la fuerza del orden español reprimió con excesos de violencia inaceptables que recorrieron las pantallas del mundo. Ni el intento de avalar un acto ilegal ni la represión tienen razón de ser.

La expresión libre de la gente es un derecho elemental. Si esa expresión no se puede concretar como consecuencia de un acto ilegal no le quita la legitimidad de su idea primigenia, pero no es viable legalmente.

La Constitución de España habla de una monarquía parlamentaria con comunidades autónomas y sus propios entes legislativos siempre cobijados por un Estado. Eso fue ratificado en las urnas, una declaración de independencia rompería ese marco.
España tiene un rey, Felipe VI; un ente parlamentario expresado en el senado y en el Congreso de los Diputados, con representación de los partidos políticos de entidad nacional y algunos de origen autonómico. Unas autonomías con diferentes estructuras pero no son estados federales.

Cuando se habla de secesión se refiere a la voluntad de separarse de alguno de los estados federales asociados bajo una entidad común pero con particularidades muy distintas al esquema de autonomías.

Cataluña tiene valores culturales y una lengua que comparten muchos catalanes y algunos de ellos preferirían ser un Estado independiente. Pero otros tantos no, y también viven allí un sinnúmero de españoles de distinto origen que aportan a la diversidad de esa comunidad que es parte de España. Remontarse al debate histórico para algunos puede ser una discusión casi bizantina, adentrarse en guerras de conquista y la prevalencia de la fuerza primero y de los acuerdos subsecuentes no es fácil.

En las últimas elecciones los grupos de derecha e izquierda radicales, herederos de corrientes como las de Convergencia, Unión y la Esquerra Republicana de Cataluña obtuvieron curules en el parlamento y Carles Puigdemont se hizo presidente de la Generalitat. Su discurso del martes último fue una afirmación de la independencia que él sustenta en dos millones y medio de votos (sin padrones ni registro verificable) y luego un frenazo a raya con la suspensión de lo dicho, aunque haya firmado después junto con otros grupos independentistas un documento al respecto.

El Presidente del Gobierno Español pone plazos para que Puigdemont se retracte o asuma consecuencias legales. Podría haber un acto de sedición y rebeldía. El Congreso de los Diputados da una salida: estudiar una reforma constitucional y si no hay avances en seis meses hacer elecciones anticipadas en Cataluña, un acto democrático legal, allí el voto pondrá a cada quien en su lugar.

Grandes empresas han dejado ya Cataluña como domicilio legal. Un alto precio.