En 2014 el Pew Research Center publicó un estudio sobre religión en Latinoamérica, hogar de más de 425 millones de católicos, que constituye casi el 40 por ciento de la población católica mundial.
Si bien el estudio demuestra que el catolicismo ha perdido cierta influencia en la región, el 69 por ciento de adultos se identifica como católico.
En el Ecuador este número sube al 79 por ciento. En Uruguay, en cambio, el número de católicos baja al 42 por ciento.
El estudio también concluye que los latinoamericanos tenemos en nuestra gran mayoría opiniones muy conservadoras sobre sexualidad y costumbres sociales. Nos oponemos al aborto y consideramos que debe ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.
En Ecuador el 79 por ciento de la población se opone a su legalización, mientras que, en Uruguay, la cifra de opositores es de apenas un 42 por ciento. ¿Hay una relación entre nuestras creencias religiosas y la posición que tenemos frente a este tema?
La ONU señala que aproximadamente 47 000 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de los más de 22 millones de abortos que se realizan de forma clandestina en los países en que está prohibido; mientras que, científicamente, un feto no es considerado un ser humano hasta aproximadamente la semana 22 de gestación. Sin embargo, la posición de la Iglesia Católica es firme en condenar el aborto, sosteniendo que éste viola el quinto mandamiento de no matar, puesto que concibe al feto como un ser humano desde el momento mismo de la fecundación.
En Uruguay el aborto es legal desde 2012 y se lo puede realizar hasta la semana 12 de gestación en centros de salud estatales y de forma gratuita. También se estableció que la interesada deberá agotar todos los recursos posibles antes de abortar y dispondrá de cinco días de reflexión previos. Esto no solo que ha bajado a cero las muertes ligadas a abortos clandestinos, sino que también ha incidido en el descenso del número de abortos.
En Ecuador en cambio, gracias a la intervención directa de un mandatario que actuó en nombre de sus creencias religiosas y morales, el aborto sigue criminalizado en todos los casos a excepción del terapéutico y de la violación de una mujer con discapacidad mental. Si una mujer sin discapacidad es violada y queda embarazada, deberá dar a luz. Así, de acuerdo a un reciente informe, 184 mujeres han sido procesadas entre agosto de 2014 y mayo de 2017, por el delito de aborto consentido, mientras que las cifras de abortos clandestinos y muertes relacionadas, aunque difíciles de cuantificar, siguen subiendo.
Es que, cuando se trata de ciencia y de derechos humanos, como el de la libertad de elegir de la mujer, antes de tomar cualquier decisión, “primero, guarda tu brújula moral, porque es difícil ver claramente un problema si ya has decidido antes qué hacer al respecto” (Levitt y Dubner).
Columnista invitado