Abelardo Pachano

Seguimos cavando

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Hay que reconocer la perseverancia del Gobierno por mantenerse en sus cuatro. No se sale de su línea. Está dispuesto a entenderse con quien sea necesario para conseguir fondos. Hace buen rato que se superó la barrera del 40% del PIB como límite, arbitrario sin duda alguna, del endeudamiento público. ¡No importa! Hay que tapar los huecos, cavando otros más grandes.

En las últimas semanas, de lo que se sabe, porque hay cosas que permanecen reservadas, ocultas debería decirse con mayor precisión, el gobierno a nombre de todos los ecuatorianos, se ha endeudado en más de 4 000 millones de dólares. De estos, claramente 1 500 millones sirvieron para pagar atrasos con proveedores de servicios petroleros. Es decir, contrató deuda para cubrir, en su mayoría si no es todo, gastos corrientes, lo cual es contrario a cualquier lógica económica, además de estar constreñida por la Ley.

Otros 1 500 millones, también para poner en mejores condiciones las cuentas pendientes del presupuesto, que hasta mayo, según estimaciones del Observatorio de la política Fiscal, ya acumulaba más de 1 600 millones de nuevos atrasos, imputables a la gestión en curso. A todo esto, se suman cerca de 1 000 millones de potenciales nuevas obligaciones públicas, desprendidas de una la noticia inesperada, proveniente de la Comisión de DD.HH. de las Naciones Unidas, en la cual se había planteado un recurso de defensa de los intereses de la familia Isaías, y cuyo fallo les favorece. Conociendo la representatividad de la entidad y la calidad del abogado defensor de esta causa, el Gobierno debería prepararse para este nuevo contingente, pues no va a ser fácil evitar su atención.

A los asambleístas de la constituyente, que emitieron el mandato respectivo les corresponderá, bajo el principio de repetición, hacerse cargo de estas obligaciones, como ocurre con aquellos que destituyeron a la Corte Suprema en el gobierno de Lucio.

Y eso no queda ahí. Chevron también tiene un arbitraje ganado y hay que pagarle casi 100 millones más. La cuenta sigue. Nadie sabe adónde llegará. En realidad, no existe un control del endeudamiento público. Con la nueva ley de las Finanzas Públicas, se eliminaron los procedimientos de evaluación, calificación, opinión vinculante sobre las propuestas de endeudamiento por parte de cualquier entidad pública.

El congreso no sabe lo que ocurre ni intenta averiguarlo. El Banco Central, bien gracias. El camino para volver a estrangular a la economía nacional está libre. Nadie mira la capacidad de pago del país, tan venida a menos por todo lo conocido, y poco importa adonde van esos recursos.

Se sigue febrilmente cavando huecos profundos en los cuales tropezaremos y caeremos más temprano que tarde.