Manuel Terán

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mteran@elcomercio.org

Cuando se repase con perspectiva histórica lo sucedido en estas primeras décadas del presente siglo en tierras latinoamericanas, el resultado será un retroceso fenomenal. No sólo saldrá a flote que en épocas en que los recursos fluyeron a raudales, por el alto precio que experimentaron las materias primas en el mercado mundial, el avance en el combate a la pobreza fue escuálido. No se pudieron resolver los terribles problemas de la exclusión y la falta de empleo sino, por el contrario, ahora hay más población y, en número, el ejército de desocupados desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego se ha incrementado. Todo ello acicalado por un discurso retrógrado y tercermundista que se halla fuertemente arraigado en gran parte de la población, que está allí latente esperando la oportunidad de volver a ser poder hegemónico cuando la población se fatigue por la lenta recuperación de las economías, proceso que tomará años y demandará sacrificios a causa de los desajustes provocados por el desgobierno de los populistas. Pero si en lo material la herencia es nefasta, en el plano de lo institucional y lo ético el resultado simplemente es desastroso.

Ex mandatarios procesados y algunos de ellos encarcelados al igual que otros altos funcionarios de sus gobiernos, salpicados por su participación en componendas destinadas a beneficiarse individualmente y a hacer caja, para conseguir recursos que les permita mantener y fortalecer a sus estructuras políticas cuyo número revela una descomposición sistémica en toda América Latina. Esto debe alertarnos y comprometernos, al interior de cada país, a realizar todos los esfuerzos necesarios para erradicar esas prácticas protervas que nos condenan al retraso y subdesarrollo.

Es inaceptable que por estos territorios se venere a políticos que han sido puestos en evidencia en sus prácticas vedadas por la ley, que cuando son descubiertos su mejor defensa constituya una supuesta persecución política para, moviendo sus fichas locales y del exterior, se levanten campañas que pretendan deslegitimar el avance de la justicia para que todo quede en la impunidad. ¿No ha sido acaso esa la práctica en Argentina y Brasil en donde, pese a ponerse de manifiesto el enriquecimiento inaudito de sus exgobernantes, se atribuye a una conspiración de sus enemigos las peripecias que deben pasar por responder sus actos ante los jueces? ¿No fue sino parte de ese entramado la supuesta “veeduría” que vino a realizar un legislador chileno, perteneciente a las filas del comunismo, a los procesos en contra del ex vicepresidente de nuestro país los cuales, bajo su particular perspectiva, estaban amañados y se había cometido una injusticia? ¿Quién le cree?

Pero no solamente destrozaron la administración estatal sino que desmantelaron los poderes públicos para que esos grupos, que encuentran tierra fértil en millares de desposeídos, se robustezcan y continúen con prácticas criminales que amenazan tomar de rehén a las sociedades enteras. Es el momento de unirse para evitar que esas nefastas pretensiones progresen y se consoliden.