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El Gobierno anunció la concesión de puertos y la venta de empresas “estratégicas” (hidroeléctricas). ¿Qué puede vender o no el Gobierno y a dónde y cómo puede participar el capital foráneo?
Esto ya estuvo presente desde el inicio de AP. Con ingeniosidad mental, Senplades, en la nueva Constitución, hacía aceptable lo que no lo era. Los “sectores estratégicos” se multiplicaron siguiendo la tradición nacionalista, para reforzar al Estado con empresas “estratégicas”. Pero los textos constitucionales 313 a 316 revelan piruetas mentales. Primero, son sectores en que el “Estado administra regula controla y gestiona”, de modo “exclusivo”, a través de empresas públicas. Pero la Ley podrá definir “las empresas públicas en empresas mixtas”, teniendo el Estado mayoría accionaria; en tercer lugar, el “Estado podrá delegar” su participación” , y finalmente, “de forma excepcional” podrá “delegar a la iniciativa privada y a la economía social y solidaría, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”. Así, la “gestión exclusiva” del Estado quedó simbólica.
Correa, ante las dificultades de funcionamiento de entidades públicas, amenaza con privatizarlas o concesionarlas, como lo ha dicho para hospitales o farmacias del IESS. En el estratégico sector petrolero ya está la empresa privada en lugar de la pública y en los acuerdos con los empresarios ya son prioridad los acuerdos púbico-privado que puede ser la creación de empresas mixtas en cualquier sector. El discurso nacionalista y de izquierda quedará en soletas cuando tantas empresas públicas sean privadas.
Así, en los hechos, lo que está en juego es más bien el tipo de capital extranjero que busca AP (catarí, turco, bielorruso…). En la época neoliberal vender esto fue pésimo, se vendía barato. Ahora, en crisis, peor.
La opción china hace 20 años fue otra. Siguió el modelo francés de empresas públicas que bien funcionaron, innovaron en el automóvil, la aviación, la televisión, la base de Internet en casa comenzó en Francia con una empresa pública. Fueron dirigidas por una tecnocracia que se preciaba de defender el interés público y funcionaban como cualquier empresa en el mundo de la competencia.
Los chinos siguen este sistema. Las empresas del Estado buscan incluso capital exterior, nueva tecnología, con asidero y control local, no necesariamente del Gobierno central. Lograron un capitalismo primario tecnocrático, pero sin miramiento sobre las condiciones sociales y laborales o las desigualdades regionales; la competencia es ya religión en China.
En el paso al mundo del capitalismo competitivo en el que se empeña Correa, ¿será una simple asimilación o concesión a la empresa privada o habrá al menos un pequeño resguardo para el dueño estatal que debería asumir los intereses colectivos antes de que todo sea del sector privado?