Francisco Carrión Mena

Una moneda, dos caras

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El 12 de agosto pasado se recordó el día de la juventud. Con esta ocasión se divulgó información sobre lo que parece un excelente proyecto que lleva adelante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Teconología e Innovación, Senescyt para incrementar y democratizar el ingreso a la educación superior de jóvenes sin recursos que sin un subsidio del Estado no podrían hacerlo.

Según el responsable de esa institución, René Ramírez, la beca, que constituye un salario básico unificado (USD 366) que otorga el Estado, ha permitido que estos jóvenes, de los sectores más pobres, puedan matricularse y cursar estudios en diversas disciplinas y universidades. De acuerdo con sus datos, con este proyecto se ha duplicado en ocho años el índice de ingreso a la universidad de los quintiles de población más bajos. Esta propuesta y su resultado son dignos de alentar y aplaudir. Son estas las políticas que el país espera de las autoridades de educación competentes.
Lamentablemente no siempre es así. La misma Senescyt, responsable de un proyecto tan encomiable, ha agudizado otra vez inútilmente un conflicto que altera el sano convivir social y de la comunidad universitaria con el gobierno.

Que no sea por concentrar aún más el poder, y esta vez en un ámbito por esencia autónomo, el régimen interfiere de manera arbitraria en la elección del nuevo rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). El responsable de Senescyt convoca a su despacho a un profesor de esa universidad, que entiendo ha manifestado su interés en ser rector, y al rector interino estatutariamente designado, para tratar sobre la forma de salir del impasse en que se encuentra.
Este hecho ha disparado nuevamente la confrontación y las descalificaciones.

El rector en funciones, acertadamente, decide no asistir a la reunión por considerar que ese no es el camino ni legal ni legítimo e insiste en que sea la comunidad universitaria la que, conforme los reglamentos, elija al nuevo rector. No es el gobierno el que tiene que intervenir en su designación. El hecho es que el Estado no deja de inmiscuirse en una institución universitaria, esta con estatuto internacional, y no permite, como corresponde, que ella misma resuelva sus asuntos de conformidad con los principios de la autonomía y de la democracia. El gobierno tiene más graves problemas que resolver que mantener abierto torpemente un asunto que genera fricciones no solo con la Universidad Andina Simón Bolívar sino con todo el sistema universitario.

¿Por qué la misma institución que impulsa un proyecto de alto valor y proyección de beneficio para el país que todos ponderamos se involucra al propio tiempo en un asunto que la desprestigia y daña lo positivo de su gestión? Las dos caras de una misma moneda.