¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas que el Gobierno ha tenido un giro tan pronunciado en su relación? Se ha vanagloriado de que es el que más recursos ha entregado a las FF.AA. De que nunca se las ha equipado tanto, lo que equivale a decir que nunca se ha comprado tanto armamento para el cumplimiento de sus funciones. De que se revisaron las remuneraciones como nunca antes. Y, de pronto, todo se descompone. Se acusa a sus oficiales de privilegios inconcebibles, de discriminar a los miembros de la tropa; se llama a la división en una institución inevitablemente jerarquizada, acciones todas que implican un estado de descomposición en las relaciones que, dígase lo que se diga, es necesario que sean adecuadas, respetuosas y patrióticas. El hecho de que estén sujetas, como debe ser, al poder civil, no significa que no tienen opinión e interés en lo que sucede, tanto en lo que les atañe directamente como en lo que sucede en el país. Creer que no es así es profundamente equivocado y puede dar lugar a situaciones indeseables, de todo tipo.
Lo que pudo ser un lamentable incidente en esa relación –el débito de la diferencia de USD 41 millones en la compra de terrenos del Instituto de Seguridad Social- se convirtió en un episodio de acusaciones y referencias ingratas que hacen pública –a más de la mala relación- la endeble situación del seguro social militar, que, no hay duda, es diferente del que ampara al común de los ciudadanos, tanto por la naturaleza de la función militar como por los privilegios que le concedió este mismo gobierno. Y tampoco hay duda de que deben hacerse correctivos que impidan que explote el sistema, evidentemente desfinanciado, pero al amparo de la técnica y la objetividad y no de la revancha y las pasiones. Impedir, aludiendo a la relación jerárquica, que el Alto Mando conteste preguntas y que acuda a la comisión de la Asamblea que conoce el proyecto del Gobierno -proyecto que no ha sido estudiado por el ISSFA, que lo debe administrar-, es un despropósito, por decir lo menos. Es un muy mal entendido principio de autoridad. Lo mismo que las displicentes opiniones de la presidenta de la Asamblea.
La relación, indispensable e inevitable, entre los gobiernos y las fuerzas armadas debe basarse en el respeto al papel de cada. Si se utilizan los recintos militares para las arengas políticas, si se concede el voto a los militares en servicio activo, si se les convoca a defender una particular revolución, cualquiera que sea –con lo que una institución básica ya no se debería a la nación sino al gobierno, al que fuere-, es imposible que no exista deliberación política al interior, y que se exteriorice a la primera oportunidad. Corregir las distorsiones producidas con tanta desmesura no es tarea fácil. Será imposible si, como sucede con tanta frecuencia, las olas van de un extremo a otro, como parece estar sucediendo.
Columnista invitado