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En medio del trauma colectivo causado por los hechos de violencia y crímenes de la narcoguerrilla en la frontera norte, una de las reacciones persistentes ha sido tratar de establecer los culpables de haber llegado a una situación en que esos acontecimientos han sido posibles. Se ha hablado de responsabilidades del anterior gobierno, de la fuerza pública y hasta del actual régimen, que habría desatado la situación al realizar conversaciones con Colombia para cooperar luego de la firma de la paz con las Farc. Pero la situación amerita un análisis más complejo.
Es imposible dejar de constatar, en primer lugar, que la situación de frontera y la ola de violencia son consecuencias de un largo proceso colombiano del que nadie en Ecuador es culpable. También es justo reconocer que, por años, nuestro país con sus sucesivos gobiernos a la cabeza, ha descuidado las poblaciones de frontera, más vulnerables por su situación, limitando los servicios, la inversión pública y la promoción del empleo. No es coincidencia, por ejemplo, que San Lorenzo sea uno de los cantones más pobres del país. Pero también es cierto, por otra parte, que el gobierno de Correa tiene responsabilidades directas y graves en la situación. Manipuló a las Fuerzas Armadas, las desmanteló, les entregó radares inútiles, denigró a sus jefes, muchas veces designó comandantes no a los mejores sino a incondicionales y dividió a la tropa. Agredió a la policía repetidamente. Redujo la capacidad operativa de la inteligencia de la fuerza pública y creó un aparato inmenso y caro de inteligencia al servicio del régimen, en manos de políticos gobiernistas, que priorizaron el espionaje y el acoso de la población ecuatoriana, en vez de prepararse para lo que se sabía iba a venir con los acuerdos que estaban en marcha en Colombia.
Culpar al presidente Moreno por haber resuelto colaborar con Colombia en temas de seguridad y decir que eso desató la violencia, no solo es incorrecto, sino perverso. Pero el actual régimen si es responsable de haber tenido una respuesta inicial desarticulada ante la situación y de mantener ineptos al frente de ministerios claves, como defensa.
Sería, sin embargo, injusto no reconocer que hay responsabilidades colectivas. Mucha gente de frontera, por ejemplo, vivió por años de haber vendido bienes y servicios a los guerrilleros colombianos, que circulaban libremente mientras las autoridades y la población miraban para otra parte. Y la mayoría de los ecuatorianos hemos querido seguir creyendo que nuestro país es una “isla de paz” cuando era evidente que la presencia del narco crecía.
Se debe establecer responsabilidades, pero hay que ir más allá y prepararnos todos, el gobierno y la sociedad, para enfrentar un nuevo escenario que debemos tratar de entender con autocrítica, apertura y firmeza.