Andrés Vallejo

¿Emperro por la plusvalía?

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Ahora que el presidente Correa vuelve a alborotar el cotarro reactivando el proyecto que tantos problemas le causó y tanta incertidumbre y protesta provocó hace no muchos meses, vale la pena analizar las consecuencias posibles del envío del proyecto de nuevo impuesto a la plusvalía -que es el aumento del valor de un bien por causas extrínsecas a él-, a la sumisa Asamblea Legislativa y lucubrar sobre las razones para tan inoportuna acción del Ejecutivo.

Existe en la ley vigente el impuesto a la plusvalía -al incremento del valor de los bienes inmuebles-, que se causa cuando se vende un bien en un valor mayor que el de su adquisición.
La ley contempla una rebaja en el cálculo del impuesto en función de los años que han transcurrido desde que se hizo la compra y hasta su venta. Se descuenta el 5% por cada año transcurrido, lo que significa que después de veinte años, no hay que pagar ningún impuesto por ese concepto, lo cual es lógico, porque quien adquiere un bien y lo mantiene veinte años, no está especulando. El concepto para la existencia del impuesto a la plusvalía es justo: quien se beneficia con la subida del valor de un inmueble, como efecto de obras públicas que se realizan en el sector, debe contribuir con la sociedad pagando un impuesto, que ahora es del 10% de la diferencia del valor entre el momento de la compra y el de la venta. El propietario paga, además, impuestos prediales y la contribución especial de mejoras, que es el valor de las obras públicas realizadas que se distribuye en el área de influencia de las obras, es decir, asume proporcionalmente el costo de lo que el Estado construyó y que recupera de esta manera.

El proyecto presidencial, que califica a la ganancia extraordinaria como ilegítima, crea incertidumbre y desincentiva la inversión. Quien tenga recursos disponibles preferirá no correr riesgos si el rendimiento que se establece como legítimo es el que pagan los bancos por sus depósitos. Parece más inoportuno aún cuando la economía está en recesión y el sector de la construcción, fuente importante de empleo, decrecerá más del 10% este año.

El proyecto propone, también, aunque no tenga que ver con la materia del mismo, exoneraciones en el pago de impuestos a quienes emprendan en actividades mineras. Parece irónico que en el mismo cuerpo legal se argumente el combate a la especulación y a ganancias excesivas y a la necesidad de mayores recursos para los gobiernos seccionales y se beneficie a las grandes empresas mineras, generalmente transnacionales, con exoneraciones de impuestos por ganancias extraordinarias.

¿Qué explicación tiene que se proponga la creación de impuestos, siempre impopulares, que causaron reacción negativa, que obligaron a retirar las iniciativas originales, que no rendirían ingresos sino después de años, en víspera de elecciones? ¿Puede ser por emperro -embriaguez de poder-, como dicen las malas lenguas? Misterio doloroso, de los de semana santa…

Columnista invitado