Diego Araujo Sánchez

Tragedia en la frontera

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daraujo@elcomercio.org

Dolor e indignación son los sentimientos que han embargado esta semana a la mayoría de ecuatorianos al conocer la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de EL COMERCIO, secuestrados por un grupo narcoterrorista de disidentes de las FARC. Dolor por tres vidas segadas en manos criminales y por las familias de las víctimas. Indignación por la perversa crueldad de sus captores.

Dolor e indignación porque las acciones terroristas en San Lorenzo y Quinindé; el ataque a militares, en el que murieron cuatro soldados, y el secuestro y asesinato a los periodistas representan para el Ecuador la declaración de una guerra informal con consecuencias impredecibles y que abre las puertas a una violencia terrorista frente a la cual ni la sociedad ni las fuerzas de la seguridad pública se hallan preparadas.

Dolor e indignación por la permisividad con el narcoterrorismo en la frontera durante la década pasada, permisividad a la cual se refirió el presidente Moreno, así como al debilitamiento de las FF.AA. El expresidente Correa, al conocer el asesinato de los periodistas, exclama: “¡Cómo pudo ocurrir algo así!” ¿No recuerda siquiera su negativa a calificar de terroristas a las FARC? ¿Ni el haber desmontado los servicios especializados de Inteligencia para reemplazarlos con la Senain y el espionaje a los opositores políticos? ¿Ni su radicalismo pueril en alianza con gobernantes como Chávez, Maduro, Ortega y Castro tan afines a los grupos irregulares? ¿Ni el manejo político antes que profesional de las FF.AA.? ¿Ni los graves conflictos con la institución policial?
Dolor e indignación por haber descuidado el Estado la atención a las poblaciones de frontera en Esmeraldas y Sucumbíos. El centro de salud en Mataje, por ejemplo, se halla abandonado; los pobladores acuden a servicios instalados por fuerzas irregulares en suelo colombiano; las escuelas unidocentes no funcionan todo el tiempo, según testimonio del Coordinador Jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en DD.HH. Tanto la relativa ausencia por el lado ecuatoriano como la total falta de presencia estatal por el de Colombia, dejaron libre el terreno para el narcotráfico, los grupos guerrilleros y paramilitares y las bandas delictivas.
Dolor e indignación por los vacíos en la información oficial sobre el secuestro, las conversaciones con los captores, el fracaso de la eventual negociación para conseguir que regresaran con vida y el repudiable desenlace.

Es necesaria la unidad de los ecuatorianos frente a esta trágica situación. Pero el punto de partida para la unidad es conocer la verdad, contar con una información transparente sobre la traumática experiencia y exigir la rendición de cuentas por el papel cumplido por los Ministros del Interior, de Defensa y la Canciller.