Por la importancia del nivel de gravedad que tiene este problema político-social, se implantó el 9 de diciembre como Día celebratorio, para que todos los medios de comunicación publiquen como noticia internacional. No se contrae únicamente a una región de países afectados por esta anormalidad que afecta la vida social, sino que se proclama y difunde como un enorme problema que merece ser destacado a través de todos los medios posibles de comunicación, sin restricción alguna y en cualquier lugar del mundo; exceptuándose a países que viven bajo el régimen de dictaduras personales, las cuales practican generosamente la corrupción como un medio de mantenimiento de su poder político.
El contenido ideológico que tiene el vocablo corromper, constituye la alteración y trastrocamiento de alguna materia, mediante la depravación, daño, o soborno, a cambio de dádivas o a través de la perversión.
En nuestro país, en la Constitución de 1998 se creó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que cumplió sus tareas, sin burocratismo, ni posesión de inmuebles para que funcione su personal, a un nivel creciente que, en cambio, ha tenido en estos diez años de correísmo. En la Constitución vigente desde el 2008, el Art. 207 creó la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, con siete poderosos consejeros por un período de cinco años. Y en el numeral 4, se le concede la facultad de “investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción”. En estos ocho años, no se ha hecho público ningún informe sobre este rubro de la corrupción. Más aún, a pesar de que existen estas bases legales, el Ecuador ocupa la ubicación 107 entre 167 países en el último índice de Percepción de la Corrupción que anualmente elabora “Transparencia Internacional” la ONG de origen alemán; lo cual hace sospechar que existe un alto grado de corrupción en el sector público, según la percepción también de empresarios y analistas encuestados en nuestro país. En América del Sur solamente Paraguay se ubica en un sitio superior que es el 130, y Venezuela ocupa el lugar 158; mientras que Argentina está en la misma casilla que tiene Ecuador: 107.
En el año 2005, la Comisión para el control cívico de la corrupción que existía entonces, señalaba que se perdían alrededor de 2 000 millones anuales del sector público, por este motivo. Al paso de estos diez años, el Presupuesto General del Estado ha aumentado cuatro veces, y ese monto debería lógicamente estar también cuadruplicándose.
Por su lado, la ONG Global Financial Integrity estableció que en el período 2004-2013 salieron del país alrededor de 25 996 millones como flujos financieros ilícitos, que seguramente fueron a depositarse en los denominados paraísos fiscales.