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Si en la actualidad hubiese la voluntad de vivir en paz, con respeto mutuo, armonía, tolerancia y fundamentalmente con apertura al diálogo, el único mecanismo civilizado para resolver los problemas, no se hubiesen dado los condenables actos violentos y vandálicos del 17 S y consecuentemente la actitud de confrontación desde el sector oficial.
Es condenable que no puedan concretarse los diálogos pese a que obliga el Código de la Democracia, que con tanta pompa se reivindicara su aprobación, con el objeto de por lo menos escuchar los argumentos de las voces disidentes y de oposición. Lastimosamente, no tienen vocación ni demuestran en los hechos actitudes democráticas. Solo existe la voz que impone y el trato de vasallos que tienen que allanarse a sus designios.
La mezquindad y la prepotencia actuales se evidencian cuando la semana pasada se realizara en Quito un foro de los movimientos de izquierda latinoamericana y no tuvieron la entereza de convocar y escuchar, por lo menos, a voces autorizadas disidentes que toda sociedad democrática tiene, excepto los poquísimos regímenes totalitarios que subsisten en el planeta, que viven la supuesta felicidad de la igualdad pero sumidos en la extrema pobreza, salvo los que gobiernan y los dirigentes del buró central.
El único argumento que exhiben para tratar de mantener el respaldo popular y electoral es hoy la amenaza de la “restauración conservadora”, como si entre los que cuestionan no habría gente respetable que incluso formó parte de esta administración e impulsó al comienzo el proceso de cambios pero luego se hizo a un costado por el rumbo que tomaba e incluso la presencia de prestantes servidores de gobiernos de extrema derecha.
El dirigente de un partido de izquierda, identificado plenamente con el Régimen, destacaba los avances y logros actuales pero también reconocía, con ocasión de la cita internacional de Quito, que existen cuentas pendientes, pese a que se ha gobernado casi ocho años, como la deuda de la revolución agraria, que tanto se ha mencionado en los discursos.
Espeluzna y da asco conocer, con pruebas documentales y testimoniales, la corrupción galopante, la impunidad reinante y la deplorable y temerosa actuación de los organismos de control en casos escandalosos como los contratos de publicidad (investigación de EL COMERCIO, miércoles 1 de octubre), que contrastan con la agilidad para sancionar a los jóvenes estudiantes, antes del Central Técnico y hoy del Mejía, aunque hayan cometido desmanes en el desarrollo de las manifestaciones y que generaron las contramanifestaciones oficiales. Eso explica por qué los intentos de deslegitimación y los permanentes y descontrolados insultos oficiales contra los medios de comunicación privados, que gozan de una respetable credibilidad, según testimonios ciudadanos recogidos por encuestadoras.