César Montúfar

Clausuras ciudadanas

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@cmontufarm

Una campaña ciudadana anima la conciencia pública. La conciencia de quienes les duele (nos duele) el despilfarro de recursos que ha caracterizado a la presente administración.

En dicha campaña, ciudadanos de muy diversas tendencias, sin ninguna consigna ni filiación partidista, haciendo solo acopio de una noble actitud republicana, han clausurado simbólicamente instituciones públicas que son ejemplo descarado de una obesidad estatal que supera los límites del absurdo y la decencia. La misma Asamblea fue simbólicamente clausurada la semana pasada y ello expresa la inocuidad de un organismo que ha desaparecido en los hechos como espacio de representación nacional y equilibrio de poder, y que hoy solo funge de oficina de trámite del Ejecutivo.

Un repaso somero a la cifras de gasto público de la última década avala las clausuras ciudadanas. De menos de 20 organismos que tenían rango ministerial, hemos pasado a más de 50. Según un estudio de la UASB, en el período 2006-2015 el gasto público creció en 260%. Para el último año, este representaba 44,1% del PIB, siendo que en 2006 era de 21%. Puesto en términos simples, el tamaño del Estado, con relación al de la economía, se duplicó en los años del correísmo, superando ampliamente el promedio latinoamericano y sin que la economía crezca en los mismos niveles.

De acuerdo a Eduardo Valencia, en este período de gobierno el Estado dispuso de una cifra que superó los USD 265 mil millones, monto comparable a lo gastado por los gobiernos anteriores a la revolución ciudadana. Pero este enorme monto ha sido usado en gran medida para pagar los salarios de la burocracia. El rol de pagos estatal casi se duplicó de 350 mil servidores públicos en 2007 a más de 600 mil y el gasto en salarios se triplicó de 3 162 millones en 2006 a 9 500 millones en 2014. El gasto corriente fue 68,4% del total; es decir, que a diferencia de los que nos dice la propaganda oficial, el gasto en inversión fue de apenas 30%. Todo ello a costa de un grave debilitamiento del sector económico privado, la intervención sobre las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta.

Luego de constatar esta realidad, cómo no sentirse representado por la acciones de clausura simbólica de los ciudadanos; cómo no levantar una voz en contra de una política de despilfarro que en momentos de bonanza era un monumento a la ineficiencia y que en momentos de crisis económica, como los de hoy, son una bofetada en la cara de los desempleados, jubilados, emprendedores; en la cara de quienes perdieron todo en el terremoto. Será que el mensaje llega al ministerio del buen vivir, a la agencia espacial, a la superintendencia de control de la imagen presidencial; será que el Gobierno lee con sentido de país el mensaje cívico de las clausuras ciudadanas a instituciones públicas inservibles. Lo dudo.
(Nota: De las instituciones clausuradas la única que debe existir es la Superintendencia de Control del Mercado, pero sus costos administrativos son injustificables).