Sergio Muñoz

Castigo a los torturadores

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La publicación del informe del Senado estadounidense sobre el programa de detención e interrogatorio de sospechosos de terrorismo ha propiciado un intenso debate dentro y fuera del país.

A grandes rasgos, lo que se discute es si los interrogatorios de la CIA a los prisioneros sospechosos de terrorismo incluyeron la práctica de la tortura, si su detención e interrogatorio son legales, si la tortura es un método eficaz para obtener información verídica, si los responsables deben ser castigados, si el informe servirá para que la CIA abandone la tortura, y si con la publicación se limpia la reputación del país.

Desde dentro, la profunda brecha partisana que divide a la nación ha vuelto a aflorar, empezando por el desencuentro en el propio Comité de Inteligencia del Senado. De sus 15 miembros, solo siete demócratas, un independiente y una senadora republicana, Susan Collins, votaron a favor de la publicación del sumario del informe final; seis republicanos votaron en contra.

Como era de esperarse, el expresidente George W. Bush, su nefasto vicepresidente, Dick Cheney, y el director actual de la CIA y la mayoría de los republicanos en el Congreso no admiten la validez del informe y niegan que en sus interrogatorios se haya recurrido a la tortura.

De los 119 que permanecen bajo custodia de la CIA, solo habrá 25 sospechosos de terrorismo y por lo menos 26 fueron detenidos por equivocación; nada tenían que ver con actos terroristas. ¿Le parece legal que por años se haya mantenido encarceladas en la prisión de Guantánamo a estas personas sin juicio, sin acusaciones formales y sin derecho a defensa legal?
El director de la CIA, John O. Brennan, sostiene que los métodos de interrogación sirvieron para obtener información de inteligencia sumamente útil. Los detalles del informe del Senado prueban que la que se obtuvo fue mínima y frecuentemente falsa.
La pregunta central es si la brutal honestidad del documento limpia la reputación del país, mancillada por la CIA.

En su editorial del pasado viernes, Nathan Gardels, editor en jefe de The World Post, escribió: “El poder blando de la sociedad abierta en Estados Unidos ha vuelto a salir al rescate de las desafortunadas aventuras de su poder duro, esta vez para liberarnos de la práctica de la tortura en el post-9/11”.

Yo soy colaborador editorial del World Post, pero no comparto el optimismo de mi editor. admiro que una parte del Congreso tenga el valor de admitir la existencia de actos criminales como este, no puedo olvidar que al menos la mitad de los miembros siguen negándose a aceptar que alimentar e hidratar rectalmente a un prisionero es tortura.“Estados Unidos ha ofrecido una lección –escribe Gardels–. La crítica honesta fortifica la legitimidad del Gobierno, no la debilita, porque con ella se afianza una avenida para la autocorrección”.

Ninguno de los torturadores será castigado y, a pesar de que el actual Presidente prohibió el uso de la tortura, nada garantiza que el próximo mantenga su proscripción.