Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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apachano@elcomercio.org

1.  Su opinión sobre el alcance e implicaciones del Informe de la Auditoría de la Deuda y los indicios de responsabilidad penal que estableció la Contraloría.

Es un informe grave, delicado, muy importante y revelador sobre la forma arbitraria mediante la cual el gobierno anterior contrató deuda externa. A lo largo de los distintos capítulos se detallan los procedimientos usados, de los cuales se evidencia la intencionalidad política de: eliminar controles (las comparaciones con las leyes anteriores que fueron derogadas son estremecedoras); establecer “normas” de limitación informativa (¡documentos secretos hasta la cancelación de las operaciones!); concentración de decisiones en “aparentes” organos de evaluación en los cuales los ejecutivos eran proponentes y jueces de las transacciones (¡juez y parte!); arbitrariedad y poco respeto incluso al propio orden legal construído por ese gobierno; en fin, creación de un sistema que sólo sirvió a los intereses, no siempre santos o mejor en la mayoría de los casos contaminados por una gestión propensa al abuso y el dispendio.

Es parcial por el lapso que analiza y la perspectiva exclusivamente legal que aborda. No hay una evaluación económica (que con seguridad traerá sorpresas mayores y más dolorosas), en parte por cuanto se entiende que ese no era el objetivo del trabajo y, además, por las limitaciones de información (¿porqué tanto secretismo? ¿qué miedo tienen de contar lo que hicieron? ¿Cuáles son los potenciales daños de conocer la verdad?)

A pesar de lo anterior, este trabajo confirma lo que el país sabía. El endeudamiento público real es superior al resultado “acomodado” por esas normas arbitrarias que sirvieron para “decorarlo”. Y, eso que todavía existen otros rubros que no estuvieron dentro del radar de la auditoría. De ahí, que en un acápite de las recomendaciones la Contraloría solicite al Ministerio de Finanzas llevar adelante una tarea de limpieza de cuentas y la eliminación de esta suerte de “doble contabilidad”.

Respecto de las responsabilidades, de diverso orden que se manifiestan a los largo de esta investigación, corresponde a los fiscales y jueces analizar los méritos de las presunciones.

2. ¿Qué hacer con el techo de la relación deuda-PIB y el manejo de la deuda consolidada que interpretó el anterior gobierno?
El país tiene una realidad y debe dejar de autoengañarse. Es lo que es. Ahora bien, en primer lugar, los causantes deberán responder por lo que hicieron y la justicia tiene un rol inexcusable. En segundo lugar, le toca al país desenredar este complicado problema, cuyas aristas llevan a condicionar el dinamismo de la economía, a poner trabas en el mejoramiento de las condiciones de vida, a disponer recursos (escasos y vitales) para encontrar un punto de acuerdo de conveniencia mutua con los acreedores.

La vía irresponsable del desconocimiento de la deuda no puede repetirse. Los daños fueron cuantiosos y según algunos trabajos recientemente hechos ( no estoy autorizado para publicarlos), alcanzan una suma que sin duda pondrá a muchos a pensar seria y profundamente sobre las maldades de esas decisiones populistas.

Va a ser necesario reconstruir el sistema institucional público de la economía para distribuir las responsabilidades del manejo consistente de un programa económico que tenga un plan fiscal sostenible y una estrategia de deuda cuyo propósito sea alinearla, en el tiempo a la capacidad de pago del país. Será necesario ofrecer una transitoriedad, bien medida, durante la cual el endeudamiento tendrá que aumentar, pero con base en condicionantes de un uso sano de esos recursos, en proyectos de inversión reales y de gran valor socio económico.

No participo de la idea de llevar este tema, en lo que concierne a la discusión de un programa económico, la fijación de un tope de la deuda, y más aspectos a la Asamblea, pues el riesgo de politización es muy alto y los daños pueden desbordar a la frágil situación actual. Me parece que conviene recuperar la independencia del Banco Central y volver a pensar en una suerte de Consejo Nacional de Economía (Algo parecido al que existió en la Constitución de 1946, pero modificado y actualizado), cuya composición asegure el tratamiento técnico del problema, sea independiente del Ejecutivo y su responsabilidad sea muy precisa. En el fondo, encaminada a velar por el interés colectivo y no el del gobierno de turno.

3. ¿El país deberá endeudarse para cumplir con el pago de sueldos, hay suficiente liquidez?
No debe y no puede. Precisamente, una de las virtualidades de un buen plan de endeudamiento recae en la calidad del destino de esos recursos. Es absolutamente irresponsable hacerlo para cubrir gastos corrientes. Incluso, no todo proyecto de inversión califica para este tipo de financiamiento. La selectividad debe ser muy estricta.

La liquidez de la caja fiscal es precaria. Casi vive el día. No dispone de los recursos suficientes para el nivel de gasto comprometido, de ahí que el plan de austeridad encuentre esta realidad que le constriñe. Y, esto, por las buenas o las malas llevará a un redimensionamiento, ordenado o desordenado, del tamaño del Estado.

4. ¿Hay interés en la banca extranjera en invertir en el país y se puede lograr la reducción de las tasas de interés para estimular el crédito y el desarrollo?

No hay ni ha existido restricción a su ingreso, pero su interés por venir ha sido marginal. No se ve condiciones macroeconómicas para que esto pueda suceder. Además, tampoco conviene “extranjerizar” la banca, pues el país pierde autonomía en decisiones