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El jueves fueron retirados de sus cargos el Consejero Económico del Presidente, Patricio Rivera, y el Delegado del Presidente a la Junta Reguladora, Diego Martínez. Fueron los principales gestores de la política económica correísta, de muy elevado gasto público financiado con endeudamiento externo, fuertísima alza de costos internos y creación de un clima inhóspito para la inversión privada. Lo que deterioró la competitividad del país y nos ha dado tres años de estancamiento económico sin perspectivas de reactivación.

¿Por qué su salida ahora? Posiblemente, porque habrían sido los autores del proyecto urgente, y que el Presidente recién haya descubierto sus efectos nefastos al enterarse de los cuestionamientos de todos los sectores.

Un problema inmediato es qué hacer con el proyecto urgente. Cualquier modificación para mejorarlo será insuficiente. Se requiere cirugía mayor, reducirlo a unos pocos artículos, reflejando los objetivos que se puso el Presidente y eliminando lo demás que fuera incluido por debajo del radar presidencial.

Deben eliminarse las disposiciones que:

-Trasladan a la banca privada la responsabilidad sobre la liquidez del sistema; debe permanecer en el Banco Central;

-Penalizan la utilización de efectivo. La gradual conversión de las operaciones en dinero efectivo y en cheque a operaciones digitales, la preferencia por tarjetas de débito y dinero electrónico, debe darse a medida que los usuarios vean su conveniencia. El impuesto al retiro de efectivo de las cuentas bancarias resultará en la renuencia de las personas a depositar dinero;

-Entregan el monopolio de la información crediticia a la Superintendencia de Bancos; que sigan operando burós de crédito privados;

-Fortalecen desmedidamente las atribuciones de Aduanas y el SRI sobre los importadores y contribuyentes. Si se quiere cambiar algunas disposiciones de control, que sea a través de un proceso legislativo normal. No cabe que se lo haga al apuro y con ley urgente;

-Eliminan los beneficios de reinversión;
-Tornan a los socios de una empresa en responsables del pago con su patrimonio de los pasivos tributarios de ésta;

-Eliminan a los ministros del área de la producción de cuerpos colegiados que toman decisiones económicas cruciales.

Además, debe retirarse la tasa aduanera por peso del producto importado. La política arancelaria y para arancelaria debe estar en función del modelo económico que tenga el gobierno, el mismo que debe determinarlo el Consejo de la Producción en base a instrucciones del Presidente. El arancel no debe ser primordialmente una herramienta fiscal.

Idos los correístas, ¿Cual será la política económica? Al momento de escribir estas líneas, no se conocen los relevos. Aguardemos.