Walter Spurrier

De menor imposición

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La Ley de Reactivación, entre sus innovaciones justicieras, elimina la exención del pago del impuesto a la salida de divisas a los capitales que provengan de paraísos fiscales o de menor imposición. A la vez, la ley eleva la imposición a los capitales nacionales a 25%.

EE.UU. acaba de bajar el impuesto a la renta corporativa a 21%. Entonces, ¿Ecuador penalizará a la inversión estadounidense? Esto, en una ley que se proclama de reactivación, que el gobierno reconoce que vendrá vía incremento de la inversión sobre todo extranjera, y que los EE.UU. es el mayor país inversor.

La ley no corrige, sino empeora, el entorno de regulación excesiva, de búsqueda del micro manejo económico. Todo el cual es contrario a lo que prefieren los inversionistas, y de las políticas en los países latinoamericanos que no se proclaman socialistas del siglo XXI. Otro ejemplo del micro manejo en la ley es la conformación del monopolio estatal de la información crediticia y la prohibición a que se informe de clientes con deudas menores a USD 56. Es de suponer que el objetivo es proteger a los morosos menores, para que bancos y empresas no sepan de esa mora y les concedan nuevos créditos. El resultado será lo contrario. Los bancos y comercios en principio no darán crédito a los deudores menores, por carecer de información. Quienes tienen deudas pequeñas, tanto los pagadores cumplidos como los morosos, pierden acceso al crédito.
Alternativamente, bancos y casas comerciales tendrán que investigar a quienes les piden créditos y no están en la base, lo que encarece el proceso y lo duplica, puesto que cada prestamista tendrá que armar su propia base sin compartirla: subirá el costo del crédito.

El Presidente Moreno continúa la obra legislativa de su predecesor, que tanto hizo para ahuyentar la inversión privada. La prohibición que inversionistas en banca y sus familiares puedan invertir en otros negocios hizo que los grupos financieros tengan que invertir en el exterior. A su vez, grupos económicos activos en comercio, agricultura, industria o construcción se inhibieron de invertir en el sector financiero.
Ambas cosas se suman para limitar el crecimiento patrimonial de la banca. En cuanto a la posibilidad que pequeños inversionistas compren acciones bancarias, se cerró con la legislación correista, que los inversionistas responden con su patrimonio personal por los pasivos que la empresa en que tienen acciones mantenga con el Estado o los trabajadores.

En seguros, las cortapisas al reaseguro y la conformación del fondo de seguros privados tornan poco atractivo el sector para posibles nuevos inversionistas.

La promesa de reducir la tramitología para facilitar la inversión, no se dará. La Ley de la aumenta, y otorga una gran discrecionalidad a quienes administren su aplicación.