Farith Simon

Transporte,tarifa y política

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La legislación aprobada en estos años es material perfecto para incrementar la tensión política entre el Gobierno central y las alcaldías en manos de la oposición, ahora es el turno de las tarifas del transporte urbano.

El costo de los pasajes es tema sensible; de un lado, están los transportistas con su capacidad de movilización, beneficiarios de varios subsidios directos e indirectos; del otro, los demás ciudadanos tanto quienes utilizan habitualmente el transporte público y los que sentirían el impacto inflacionario de la medida. Cualquier decisión que se tome tendrá un coste político alto.

El no incremento demanda de nuevos subsidios o de medidas que demandan importantes recursos que no podrían ser asumidos por los gobiernos locales, es decir, se requiere del apoyo del Ejecutivo, lo que sería visto como incapacidad para encarar sus competencias.

Subir el precio del pasaje conlleva una situación política aún más compleja; sin importar la justificación que se ofrezca, comportaría un importante deterioro del capital político de quien tome la decisión, lo que para el alcalde Rodas sería particularmente grave porque se sumaría a la campaña de desgaste montada en su contra, algo evidente al mirar las declaraciones de los funcionarios del Ejecutivo y las noticias referidas a Quito, que publican los medios oficiales.

Este es un escenario complejizado aún más por las regulaciones vigentes. La Ley de Transporte Terrestre atribuye al Ejecutivo la responsabilidad de “Realizar en el ámbito de su competencia los estudios relacionados con la regulación de tarifas de servicios de transporte terrestre, en sus diferentes clases de servicio… que serán puestos a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación”; pero ese mismo cuerpo normativo establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que hayan asumido el control del tránsito, deben “Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de operación, de conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del Sector”.

Las normas son contrarias a la tesis de los alcaldes de los GAD que asumieron competencias en materia de transporte y tránsito, no le compete al Gobierno fijar las tarifas; esto no puede ser interpretado como una exclusión de responsabilidad para el Ejecutivo, ya que el valor de los pasajes se fijan de acuerdo a las políticas que emita el Ministerio de Transporte.

Debemos lamentar que en temas tan importantes para toda la ciudadanía, como la tarifa, disponibilidad, calidad y seguridad del servicio de transporte público, sea el cálculo político el que condiciona las respuestas, ninguna diferencia con la forma en que trataba estos temas la “partidocracia”.