Tras varios intentos fallidos para iniciar los diálogos de paz entre los representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mañana se verán en Quito para instalar formalmente las conversaciones.
No se instalaron antes debido a que no se cumplió por parte del ELN la condición exigida por el gobierno de Santos: liberar a todas personas secuestradas, especialmente al ex congresista Odín Sánchez.
Aunque durante el 2016 el ELN realizó cerca de 40 secuestros, el 75% en la zona de Arauca, permanecen actualmente retenidas no más de tres. Es decir, el número de secuestrados es bajo. Por consiguiente, no debería haber motivo para que el ELN ceda ante este pedido fundamental del gobierno.
Entonces, ¿por qué no hay flexibilidad de parte del ELN? Para mi criterio, existen dos explicaciones. La primera. Al ELN no le importa a la final la suerte de los secuestrados sino principalmente llegar a la mesa de negociaciones en una posición de fuerza, más aventajada, lo cual le permita tener mayor margen de maniobra en los diálogos con el gobierno. De ahí que, a través de una carta difundida en días pasados, un centenar de intelectuales colombianos hayan pedido a las partes “ceder en su arrogancia y priorizar la paz” para finalmente instalar las negociaciones. Si se pone en perspectiva lo que representa la liberación de los secuestrados frente a las grandes concesiones que tendrán que hacer ambas partes, no hay punto de comparación.
La segunda. Hay que tomar en cuenta que el ELN no es igual que las FARC. Una de esas diferencias es que los “elenos”, aunque tienen un Comando Central conformado por un representante de los diferentes frentes, en muchas ocasiones cada uno de éstos actúa de manera autónoma e independiente. No me atrevería a afirmar que ahora están divididos pero sí de que no hay un acuerdo definitivo entre sus comandantes por liberar a los rehenes e, incluso, de llegar a un acuerdo de paz definitivo. De acuerdo a informaciones de la misma Fiscalía de Colombia, se aprecia la presencia del ELN y grupos criminales en zonas tradicionalmente controladas por las FARC, cuyo fin principal es apropiarse del “combustible” del crimen en Colombia: el negocio del narcotráfico.
De ahí que apresurar las negociaciones es vital. De no plegar al diálogo, podría darse un crecimiento de la violencia, el cual pueda extender el conflicto armado por varios años, con la diferencia de que ese actor no sería ya las FARC sino el ELN. Al controlar el negocio de la droga, esos recursos le pueden fortalecer aún más.
En esa línea es loable la actitud del gobierno de Santos de sentarse con el ELN aunque sea de manera “exploratoria”. De igual modo, el papel que pueden jugar los gobiernos del Ecuador, así como de Venezuela, Cuba, Chile, Brasil y Noruega es clave. Al menos ahora que el problema reside en destrabar el inicio de las negociaciones de paz.