El Gobierno acaba de anunciar un plan de optimización de las empresas públicas, conocidas como EP en el argot burocrático. El objetivo es eliminar o fusionar siete entidades estatales entre las que están Petroecuador, Petroamazonas, Ferrocarriles del Ecuador, Yachay, entre otras. Así, de las 22 empresas públicas, solo quedarán 15 hasta el 2021.
La intención tiene como objetivo, según han señalado las autoridades, lograr un sector público más eficiente. Pero este anhelo no es nuevo: el anterior gobierno ya hablaba de instituciones estatales modernas, que utilizaran conceptos que tradicionalmente se aplican en empresas privadas.
Sin embargo, los resultados están a la vista: el aparato estatal se multiplicó en el gobierno pasado, con el impacto que todos conocemos en lo que tiene que ver con el gasto público y la burocracia.
No podemos olvidar que muchas de estas empresas públicas que están por suprimirse se convirtieron en monumentos al despilfarro de recursos públicos. Uno de los casos más comentados es el de Yachay, en donde la Contraloría acaba de detectar un perjuicio por USD 31,4 millones, sin contar con otros deslices cometidos por quienes manejaron esta entidad.
En este camino para que las empresas del Estado se vuelvan eficientes están previstos alianzas estratégicas y planes de estabilidad. Este anuncio tampoco es nuevo: la aerolínea estatal Tame busca inversionistas hace dos años y hasta ahora no lo consigue, pese a haber mejorado sus indicadores financieros.
En este punto y pensando en el bien de las empresas públicas y sus trabajadores, cabe pensar en metodologías probadas en empresas privadas que apuntan a la eficacia y optimización de recursos. Esto no significa que el sector privado sea la panacea.
Pero si queremos empresas públicas eficaces la obligación de las autoridades en esta coyuntura del país es trazar planes de largo plazo, hacer revisiones y correcciones periódicas y cumplir, ahora sí, las metas acordadas.