Oswaldo Jarrín R.

La falacia de los privilegios

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Los privilegios o ventajas, en la sociedad terminan cuando una institución como la militar, fundamenta sus derechos en la Constitución y la ley; siguiendo la voluntad soberana de la población antes que al trato discriminatorio y a las decisiones arbitrarias en la interpretación de la ley de Seguridad Social de las FFAA.

Los argumentos en una discrepancia política solamente son válidos cuando se fundamentan en las leyes; por lo tanto acudir a expresiones relacionadas con la infiltración de agentes de la derecha o de la CIA, trata apenas de ser una declaración halagüeña de acomodación al discurso del régimen que desde hace dos años se encuentra en una provocación incesante a las FF.AA.

Por supuesto que la institución militar debe subordinarse al poder político, pero no al poder civil per se, como se malinterpreta, porque el solo hecho de la condición civil no es suficiente para ejercer el liderazgo y representatividad legal y política, porque vence la predominancia de la ideología del partido dominante y no del mejoramiento institucional en función de los intereses del país.

Discriminación existía con las FF.AA. antes de Junio de 2006, fecha en la que se inicia la homologación salarial, cuando hubo necesidad de velar por el bienestar social de los miembros de las FF.AA., con un sueldo que les permita vivir con dignidad. ¿Cómo podía vivir un soldado con un sueldo de USD 339, un subteniente con un sueldo de USD 458?

Solo considerando que para equiparase a la administración pública hubo necesidad de establecer un plan de cinco años de duración que iniciaba con un incremento del 10% en el 2006 y en cuatro años sucesivos al 22.5%, para poder alcanzar el mismo nivel de los empleados públicos, lo que implicaba que tengan “todos los rangos militares con aumento del 100%”, (La Hora, 7 de Junio, 2006). Sin considerar que la profesional militar impone sacrificio de su libertad incluida su familia y el alto riesgo en el cumplimento de sus tareas.

Fue tan justa y necesaria la homologación que el Presidente de la República, aprobó un nuevo incremento del sueldo, en Enero 2008, reduciendo el tiempo del proyecto a cuatro años pasando el incremento al 33,7%.

Si se quiere comprar las cesantías y retiros entre FF.AA. y la administración pública, hay que mencionar que los militares aportan 23% de su sueldo, mientas que los empleados de la administración pública aportan 9,54%.
Para la cesantía luego de 30 años (con aportes de USD 93 000) un oficial recibe USD 130 000, mientras que un obrero recibe USD 100 000, pero para su jubilación patronal no realizan ningún aporte.

Estos temas deben analizarse en el Consejo Directivo del ISSFA y no en el Ministerio de Defensa, porque confunden a la opinión pública, y se apalancan en el poder para implementar arbitrariamente una reforma a la ley.

Columnista invitado