Los alarmantes escándalos de corrupción, hipoteca de la soberanía nacional por la deuda externa, concesiones portuarias y mineras de largo plazo, leyes oprobiosas, traslapan en el final del gobierno revolucionario lo que en realidad es una política de tierra arrasada, porque el daño irreparable se encuentra en los valores sociales e institucionales trastocados, la anomia social ante el autoritarismo, la destrucción de las instituciones y tergiversación de la doctrina particularmente de la defensa nacional.
La manipulación de la Constitución se instrumenta con vericuetos como el fortalecimiento de las FF.AA. reduciéndolas y eliminando el régimen especial de seguridad social, o simplemente con una locuaz entrega de propaganda.
Así por ejemplo ante el doloroso sismo en las provincias de la Costa, luego del urgente estado de excepción decretado, se nombra al Vicepresidente de la República para que lidere la reconstrucción. No obstante el encargo presidencial se lo cumple hasta finalmente pedir licencia; sin que se haya informado, sobre el cumplimiento de la tarea aun pendiente.
Pero al menos se nombró a una persona responsable, en cambio ante la discutible situación de conmoción interna en la provincia de Morona Santiago, no se cumple con la ley de la Defensa Nacional, mediante la cual el Presidente de la República a través del Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., puede delegar la conducción de las operaciones militares al comandante de la Fuerza de Tarea, quien para el caso tendría mando y competencia de acuerdo a la planificación respectiva.
En su lugar cuatro ministros, encabezados por el Ministro Coordinador, en una rueda de prensa presenta a los silentes ministros legalmente responsables de Defensa y del Interior.
Es decir, se cree que mencionando a la coordinación se sustituye a la cadena de mando, y queda el comandante exento de la responsabilidad de la conducción de la seguridad.
¿La pregunta es, quien es el que manda y responde de la planificación y sus resultados?
Por esa misma confusión el general es calificado como “encargado de las operaciones militares” y en la explicación de su función manifiesta que únicamente “apoyaran a la Policía Nacional para ubicar a las personas que han estado actuando al margen de la ley”. Esos son los valores de jerarquía, autoridad y comando, además de principios militares que se están trastocando gracias a la revolución ciudadana.
Si no es un comandante de Fuerza de Tarea, el nombrado, debería ser el Ministro del Interior el responsable de la coordinación de las FF.AA. y de la Policía Nacional.
Incoherencia de las leyes y distorsión en su aplicación para el empleo doctrinario de las FF.AA .y de la Policía Nacional, que ninguna se aplica como está vigente, ni se sirve de los ejemplos de manejo de la seguridad universalmente seguido por los países.