Óscar Vela Descalzo

Satanizar las utilidades

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La Asamblea parece haber entrado en la recta final de una delirante carrera por expedir leyes para evitar que cualquier sector productivo saque la cabeza en medio de la crisis. Esta maraña de normas estatistas, avasalladoras, abusivas, e híper controladoras, pretenden sobrevivir varias generaciones no por sus bondades o su beneficio común, sino por el artificioso carácter de “orgánicas” con el que se las ha bautizado para dificultar en el futuro su reforma o su derogatoria.

A la técnica legislativa del voto en plancha por sumisión se le ha sumado ahora el vértigo y el apuro por aprobar todo lo que propongan los jefes, sin importar si los efectos pudieran ser negativos para la economía de los ciudadanos, devastadores para el desempleo o fatales para la iniciativa privada.

Todos los sectores productivos han sufrido el acoso y derribo gubernamental a través de normas que pasaron por la formalidad de los alza manos de la Asamblea, y que limitaron sus negocios, les impusieron gravámenes excesivos, restringieron su campo de acción o redujeron sus ganancias. El sector financiero fue el primero, y luego le siguieron los medios de comunicación, las empresas publicitarias, los constructores, las inmobiliarias, los propietarios de bares y restaurantes, los importadores, la agroindustria, los exportadores, hasta que le llegó el turno del garrotazo a las empresas de medicina prepagada, y con ellas, a la salud pública y privada del país.

La factura de esta nueva insensatez, por supuesto, la pagaremos los ciudadanos que, por un lado veremos cómo se incrementan de forma desmedida las primas de nuestros seguros, mientras se restringen las coberturas y se disparan hacia arriba los deducibles de las pólizas; y por el otro, seremos testigos del colapso de la salud pública que hoy ya presta el IESS con enormes dificultades, y que mañana, con el incremento de las personas que volverán a los hospitales y a la asistencia pública, será simplemente caótico.

Y aunque ciertas autoridades se den volantines amenazando a las empresas privadas de medicina prepagada, el daño a los ciudadanos ya está hecho, pues nadie les podrá obligar a esas empresas a prestar un servicio privado perdiendo dinero o arriesgando capitales sin expectativas de ganancias, ni tampoco les podrán forzar a mantener contratos de servicios que cuentan con cláusulas de fuerza mayor y se rigen por la libre voluntad de los contratantes.

El desfinanciamiento irresponsable del IESS fue el punto de partida de este nuevo ataque a los ciudadanos, pero el golpe final lo ha puesto en todos los casos la obtusa pretensión de satanizar las utilidades que generan los sectores productivos privados.

Sin esas utilidades no será posible reactivar la economía, no habrá ingresos fiscales por vía de impuestos ni mejorará nunca la calidad de vida de la gente. Sin esas utilidades satanizadas por los genios de la obediencia, solo crecerá el desempleo, la pobreza y el descontento popular.