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Resulta difícil, desde los postulados de una ética de la vida buena, aceptar la pena de muerte.

Quien la planteó en la campaña electoral, se limitó a proponerla más desde lo emocional que desde lo razonable, jurídico o moral. Semejante propuesta ha sido una piedra en el zapato a la hora de imaginarme el modelo de sociedad que se plantea.Desde la ética política, habría dos argumentos significativos a favor de la pena de muerte. Uno, el deber del Estado de tutelar los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, el derecho a la vida. Era Kant quien decía que quien no es capaz de protegerme tampoco tiene el derecho de mandarme. Pero, en la actual sociedad, ¿será la pena de muerte el único medio eficaz para garantizar la vida de los ciudadanos?

Personalmente pienso que la cadena perpetua cumple la misma función de protección de la sociedad, dejando abierta la puerta a la rehabilitación humana. No se trata de aplicar sin más el “ojo por ojo y diente por diente”. A lo largo de la historia hemos arrancado demasiados ojos y dientes y, a pesar de ello, hemos podido comprender que es más importante la rehabilitación que la expiación. Por otra parte, el valor disuasivo de la pena de muerte apenas ha funcionado, ni siquiera en los EEUU, que lo aplicó, en otro tiempo, profusamente.

Otro argumento a favor sería la proporcionalidad de las penas. Si alguien sufre penas privativas de libertad durante años por robar un celular o una gallina, a quien comete un crimen monstruoso habría que cortarle la cabeza (o las manos). Dudo que el principio de proporcionalidad haya que entenderlo de forma simple y crudamente geométrica. Si así fuera, al que ha cometido varios crímenes habría que matarlo varias veces.

La gravedad de los delitos puede crecer ilimitadamente, mientras que el repertorio de las penas es bien limitado, salvada la tortura. También en este caso el argumento de la proporción no es más que el último vestigio de la ley del talión.

No falta quien señala que las sentencias (culpable o inocente) no dejan de ser falibles. Cierto que se pueden revisar los procesos, pero me temo que en el caso de la pena de muerte, una vez ejecutada, el error es irreparable. Y tampoco falta quien señala que la gran mayoría de los condenados a muerte suelen pertenecer a sectores pobres, marginados o excluidos políticamente. Más interesante me parece el argumento de la inviolabilidad de la vida humana. Una vez que queda neutralizada la capacidad de hacer daño, habría que dar al hombre la posibilidad de arrepentirse y rehabilitarse. Por aquello de que la vida es la única oportunidad que tenemos de encontrarnos con nuestra propia verdad.

La otra cara de la moneda es educar, promover la agilidad, independencia y eficacia del sistema judicial, ofrecer oportunidades de rehabilitación y de reinserción social y, sobre todo, prevenir el delito. Difícil, pero posible.