Miguel Rivadeneira

Salud: otro golpe a la gente

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El golpe no solo es a quienes tienen un seguro de salud privada. Será a todos luego que el Legislativo se allanara al veto parcial del Ejecutivo a la Ley que regula a las empresas de atención de salud prepagada, sistema al que se ha vinculado cerca de un millón de personas porque los servicios de salud pública y del seguro social no funcionan a cabalidad, demora la atención y escasean medicinas.

Lo grave es que se aprueba la ley con datos falsos del IESS, que hicieran aparecer que hay empresas cuyos ingresos son iguales a las utilidades, sin registrar gastos prestacionales. El informe oficial de la Super de Compañías, enviado a la Asamblea, refleja el error del IESS y precisa que las utilidades del sector el 2015 fueron de USD 19 millones y no 221 millones como señala el instituto. La Gerencia Institucional de Eficiencia de la Red Pública Complementaria del Ministerio de Salud compara el informe del IESS que tiene errores en cifras de balances y cálculos y concluye (pág. 7): “disponer de información correcta y real garantiza una adecuada toma de decisiones”.

Lo peor de todo es que con esta ley se afectará a los usuarios, no solo de la medicina prepagada sino de los que se atienden en el Estado. Primero porque habrá gente que si aumentan las primas del seguro privado dejarán este servicio e irán a la red pública de salud o al IESS y el Estado, ante el incremento de la demanda, tendrá que destinar más recursos. Esto podrá deteriorar y demorar aún más los servicios.

Otra evidencia es la carga tributaria para la gente en esta época desesperada por más recursos para mantener el enorme gasto público y decir que la crisis se supera justo en la etapa electoral. Los impuestos generales que se pagan para financiar la inversión social. El aporte obligatorio al IESS, aunque no utilicen sus servicios. Un tercer aporte quienes pueden ir a un seguro privado. Un cuarto aporte porque las compañías privadas harán ajustes para pasarle al IESS o a la red pública de salud por la atención prestada. Según la Federación de Empresas de Seguros, estos temas técnicos no pueden ser tratados con retórica política y peor en forma irresponsable con datos equivocados.

La imposición y aprobación de leyes con información falsa y sin escuchar a todos los sectores involucrados ni considerar informes oficiales, generan mayor incertidumbre en lugar de confianza. Se incumple la Constitución, art. 82, que señala que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas. Así se aprobó el proyecto de reformas a las leyes del Issfa e Isspol, con la imposición a militares y policías del nuevo marco de seguridad social, con imprecisiones y sin estudio actuarial actualizado. El camino legal: miles de acciones de protección, demandas de inconstitucionalidad y penal por retención indebida de fondos.