Miguel Rivadeneira

La vigilancia permanente

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No es lo mismo vigilar los volcanes en plena actividad -el Cotopaxi, Tungurahua o Reventador- que positivamente hace el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que vigilar los movimientos de la sociedad por un Estado controlador. En el primer caso eso sirve para que el Estado organice la gestión de riesgos, alerte oportunamente y la población se prepare, adopte medidas de prevención frente a las amenazas por eventuales fenómenos naturales, que pueden devenir en desastres económicos y sociales.

En el otro caso, es más grave vigilar y espiar las actividades humanas, de manera especial a quienes se encasilla de enemigos por tener una posición crítica a la que tienen derecho, constitucional y legalmente. Más aún cuando no se respetan las normas constitucionales que aprobaron en esta administración y que consagran el derecho a la protesta y a la resistencia (art. 98), que deben ser pacíficas. El derecho a la movilidad y a transitar libremente por el territorio nacional; el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre; el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos; el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 66), etcétera.

Las experiencias internacionales, el caso de regímenes que controlan todo en Cuba y Venezuela, han sido nefastas para las libertades y los DD.HH. En el uno se están abriendo al mundo y en el otro en una situación calamitosa, con persecuciones y presos políticos, la manipulación de la justicia y en lo social con una dramática escasez de los artículos de primera necesidad.
Esto no es nuevo en el mundo pero la gran diferencia es que en otros países, a la cabeza Estados Unidos, se ha admitido y reconocido públicamente estos errores de espiar a otros y hasta se ha pedido disculpas, en medio del justo rechazo de los afectados.

Por transparencia, el Estado está en la obligación de respetar y hacer respetar los derechos de las personas y cuando existen denuncias no solo nacionales sino internacionales, involucrada una fuente que hoy es protegida como asilado político (el creador de Wikileaks), revelar los datos y contratos como se conocen de otros países. La Asamblea está en la obligación de despertar y ejercer la fiscalización, sin pretextos ni justificativos.

No se puede vivir en permanente zozobra y cuidándose de que le escuchen, le graben, le filmen con la cantidad de cámaras y aparatos que colocan en todo lado. ¿Cuáles son los temores cuando denuncian planes de desestabilización, como describieron con pelos y señales el jueves 2 de julio pasado, en vísperas de la llegada del papa Francisco, y no sucedió nada de eso? ¿Por qué mejor, en medio de la crisis, no optimizan los recursos y destinan para comprar más equipos y ampliar el monitoreo de los volcanes -como demandan- en lugar de gastar para vigilar a los ciudadanos?

mtivadeneira@elcomercio.org