No se puede caer en pánico ni vivir con descuido ni de rumores irresponsables. La gestión de riesgo no se impone con normas constitucionales ni legales ni con discursos, sino que se construye con la organización ciudadana y comunitaria, debidamente informada, con calma y con la comprensión de la problemática, sin improvisaciones.
En su oportunidad conocimos de cerca dos experiencias con diversos impactos. El caso del terremoto de Haití de enero del 2010, que produjo decenas de miles de muertos, destrucción y un desastre económico y social que hasta hoy no se ha repuesto totalmente.
Esto contrasta con la organización y la sólida institucionalidad de Chile, que afrontó con éxito el terremoto y tsunami de febrero del 2010. Empero, las autoridades de ese país admitieron en Santiago que hubo fallas en las telecomunicaciones y buscaron los correctivos. Quizás lo más importante: contó con ahorros en un fondo de contingencia de mucho más de USD 10 000 millones y una organización y buena estructura formal en el sector de la construcción, que minimizaron los impactos.
La ubicación del Ecuador en una región de alto riesgo por la acción de los volcanes activos y los sismos y terremotos, que en el pasado sacudieron a parte de nuestro territorio, obliga a saber convivir en forma permanente con estos fenómenos naturales en todos los campos. Si bien no hemos tenido impactos en el litoral por tsunamis, el fenómeno de El Niño ha golpeado en dos ocasiones últimas (1983 y 1997) y hoy acecha de nuevo con mayor fuerza.
Existen hoy, al menos, dos serias amenazas: la erupción del volcán Cotopaxi y el impacto por la acción de El Niño, lo que obliga a todos a enfrentar con responsabilidad, a partir de la dirección y coordinación del régimen central y los gobiernos descentralizados.
Hay que reconocer que la actual administración incluyó en la Constitución una sección (arts. 389 y 390) que se relaciona con la gestión del riesgo, pero al mismo tiempo autoridades demostraron falta de claridad, comprensión y entendimiento de la problemática. Eso se reflejó cuando pusieron en la Constitución “desastres naturales” (arts. 35 y 261). No hay desastres naturales sino fenómenos naturales, que devienen en desastres económicos, sociales y otros. Este concepto, que es observado por expertos, es mal utilizado también en medios de comunicación y entre periodistas.
La estructura anterior de la Defensa Civil y la contribución de los militares expertos en esta materia, que tuvieron éxito cuando les tocó actuar con planes concretos de movilización, requisición, prevención, entre otros, fue desbaratada y se creó la actual. Los ahorros y excedentes petroleros se gastaron, la construcción informal predomina y es una amenaza latente. Se priorizó la red vial pero se descuidaron de construir diques. Incluso hace más de una década se contó con líneas de crédito de organismos multilaterales.
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