Miguel Rivadeneira

Por qué el terror a la fiscalización

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Uno de los aciertos del poder en estos casi diez años de administración es que suele adelantar criterios que guían sus pasos. Por ejemplo, los sábados dictamina cómo debe actuar la justicia contra los críticos y opositores y el lunes siguiente sin siquiera ruborizarse jueces timoratos y sometidos porque quieren conservar el puesto y su sueldo son ágiles y diligentes con los pedidos del Ejecutivo, porque con el resto de procesos, especialmente contra el oficialismo, se demoran años. Casuística: la corrupción en el Ministerio del Deporte años 2007-2008, hasta hoy con procesos pendientes pese a las acusaciones de la Fiscalía. Las irregularidades en contratos petroleros durante años pero recién reconocidos, judicializados, con acusaciones en firme y hasta presos ex altos funcionarios y otros fugados.

Hace poco el poder confesó que a sus funcionarios les ha protegido pero que luego vendrían diez mil juicios. Todo esto en el marco de la ausencia de fiscalización de los organismos de control: Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y una lenta y temerosa Contraloría.

Si fuera verdad el presentimiento oficial, significaría que en estos casi 10 años hubo mil casos por año y más de tres diarios. Eso explica por qué perseguir y sancionar a los medios de comunicación independientes y a otros denunciantes que se atrevieron a difundir algunas, ni siquiera todas las investigaciones.

El Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido el mandato constitucional, art. 208 numeral 1, que le obliga a luchar contra la corrupción. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional no ha cumplido con el mandato constitucional, art. 120 numeral 9, de fiscalizar los actos de las funciones y órganos del poder público, como es su deber. Así ha archivado casos escandalosos de corrupción como la compra de los helicópteros Druhv y el último juicio contra el Ministro de Educación, solo para citar dos casos recientes. Qué han hecho con tantos casos de corrupción en los negocios petroleros. Solo una de tantas evidencias le tiene preso a un ex presidente de la empresa pública del sector, a quien hasta le negaron haberle conocido.

La Constitución, art. 83, señala las responsabilidades de todos los ecuatorianos. El numeral 8 dispone que será su obligación denunciar y combatir los actos de corrupción. El art. 11, numeral 9 tercer inciso, obliga al Estado a ejercer de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables de los daños producidos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. ¿Qué han hecho? Han cometido diez mil travesuras que en el subconsciente les tiene atemorizados cuando dejen el poder y sean fiscalizados por organismos independientes, en el debido proceso y con derecho a la defensa que tienen, aunque hoy no respeten eso.