Miguel Rivadeneira

Plusvalía: rectificación urgente

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Los hechos demuestran otro engaño en el discurso del presidente anterior en el tratamiento de temas vinculados a la construcción, al igual que con otros de la producción. Felizmente, por iniciativa del nuevo gobierno y cuando hoy se respiran otros aires de democracia y libertades, aquellos que aprobaron leyes destructivas, que generaron desconfianza y afectaron al sector, tendrán que rectificar cuando ya no está quien liderara esas políticas dañinas y que reflejaron resentimiento social. Por ello, con razón, hay quienes creen que está en peligro la cohesión del bloque oficial. El dilema que tienen es razonar, rectificar y trabajar por el país o seguir el comportamiento ovejuno. El primero avanzará y cada vez habrá menos obsecuentes seguidores del pensamiento único. Se camina en el cambio de la política de persecución por incentivos y reactivación.

Para ello tienen que introducirse cambios sustanciales y urgentes a la Ley de Plusvalía, disfrazada con el título de Ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, puesta en vigencia con su publicación en el Registro Oficial el 30 de diciembre pasado. El problema fundamental generado por el anterior régimen fue la desconfianza y para ello jugó con proyectos atentatorios como fueron las leyes de Plusvalía y Herencias, desde el 2015, que produjeron el rechazo mayoritario y por ello fueron suspendidos sus trámites en la Legislatura, pero la terquedad presidencial se impuso con su aprobación y vigencia.

Allí están los resultados: los propios datos oficiales revelaron hace poco la caída del 7,3% del sector de la construcción el primer trimestre de este año, que sigue la tendencia desde hace dos años. Incluso, dirigentes del sector creen que esas cifras quedan cortas frente a los hechos que viven a diario, con la paralización de obras y la pérdida de fuentes de empleo, con un efecto multiplicador en puestos directos e indirectos. Este sector aporta cerca del 10 % al PIB nacional.

El compromiso presidencial es loable. Enfrentar el problema, la reforma a esta y otras leyes, restablecer indicadores de confianza y buscar su reactivación. Más aún cuando el régimen está empeñado en construir alrededor de 325 mil viviendas de interés social. Debiera aprovecharse para impulsar nuevos modelos de gestión y comprometer aún más la contribución de los GAD.

Las decisiones políticas que se han tomado sobre los argumentos técnicos han sido nefastas. Usaron las emergencias para la contratación pública a dedo, sin considerar lo que la ley establece y condiciona. Según constructores, uno de los indicadores de la crisis ha sido la reducción de un 32 % en la aprobación de planos que se registra en el Colegio de Arquitectos. Si se restablece la confianza, el sector privado invertirá y con ello se reactivará el empleo.