Miguel Rivadeneira

Cuando se cierran las válvulas…

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La imposibilidad de aplicar a plenitud la Constitución de derechos, justicia y de “participación ciudadana” por el bloqueo desde el poder de las instituciones genera preocupación cuando se cierran las válvulas democráticas y la olla de presión puede explotar. En lugar de actuar con tolerancia, apertura y diálogo se desafía y se alienta la confrontación entre ecuatorianos. Ese es el mal ejemplo que se siembra para el primero de mayo, día que trabajadores y ciudadanos en general tienen derecho legítimo y constitucional de manifestarse libremente en las calles en forma pacífica.

La crisis evidencia sus contradicciones cuando aprobaron la reforma laboral y al seguro social. Cuestionan el manejo del IESS cuando lo han dirigido más de ocho años. 

En el 2010 la mayoría legislativa oficialista aprobó una reforma a la ley que determinó los porcentajes de aumento de las pensiones jubilares y que sancionó el Presidente y hoy cambian tras cuestionar el sistema que ellos mismo pusieron en vigencia.
No respetan la Constitución, las instituciones se están acostumbrando a evadir sus responsabilidades y con ello evitar su plena vigencia. Basta que cualquier sector que disienta y critique al Gobierno para que su pedido, aunque esté sustentado legalmente, sea negado con cualquier pretexto. No se repara que la Constitución establece que no se podrá sacrificar los derechos y la justicia por la sola omisión de formalidades.

La situación de la Corte Constitucional, que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y hacer prevalecer prioritariamente los derechos de los ciudadanos, que pueden presentar acciones extraordinarias de protección. Contrario a eso, acoge demandas del Estado en contra de personas naturales. El CNE que no da paso a diversos pedidos de consulta popular y lanza la pelota a la CC, que a su vez devuelve o dilata las solicitudes.

Se observa la dificultad de dar paso a una consulta popular, pese a que el art. 104 vigente facilita su convocatoria y no se atiende a una mayoría que crece, según encuestas. A los Yasunidos les hicieron perder el tiempo con la recolección de firmas para finalmente decirles que todos los caminos conducen a Roma: no a la consulta. Hablan tanto de participación ciudadana pero en la práctica se limita a los seguidores del poder. Hablan de transparencia y hacen reservado un proceso público, contrario a la norma legal, para la designación de vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

Existen normas no discrecionales (arts. 391-393 del Código de la Democracia) que disponen la convocatoria a rondas de diálogo de las funciones Ejecutiva y Legislativa con los sectores de oposición. Se agotan los caminos legales por los caprichos de no saber vivir en democracia. Qué queda, según el art. 98 de la Constitución, ¿la resistencia y las calles en forma pacífica aunque la respuesta oficial sea la confrontación?

mrivadeneria@elcomercio.org