Miguel Rivadeneira

Movilizaciones a la CC

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El país debe recordar, para registro histórico, cómo al inicio del gobierno anterior, hace una década, se sacó a los 57 congresistas, cómo se presionó a los miembros del entonces Tribunal Constitucional para que otros ingresen por la ventana, al margen del ordenamiento jurídico de entonces. Para los protagonistas de ese momento todo era válido, pese a las violaciones legales y constitucionales. Sin embargo, hoy se quejan por la actuación de la Contraloría y los órganos de control, con el argumento de persecución. Antes desde el poder hicieron eso, abusaron y desecharon los reclamos y pasaron a la criminalización de la protesta, como el Defensor del Pueblo anterior denunciara en un informe.

Hoy, al contrario, a esos protagonistas hay que enseñarles que no pueden repetirse esas conductas arbitrarias, autoritarias y abusivas del poder, signos de la nefasta década del correísmo. Empero, existen derechos constitucionales para exigir, con apego al ordenamiento jurídico, en forma pacífica y respetuosa, la actuación de la Corte Constitucional en los temas de la consulta popular planteada por el Ejecutivo.

Esta CC ha evidenciado claramente en la historia reciente fallos a favor del correísmo, en forma diligente, y demora por largo tiempo o rechazo de las demandas de las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, indígenas, de jóvenes (Yasunidos), asambleístas ( Ley de Comunicación) y movimientos que se atrevieron a disentir del poder.

El país está cansado de mirar cómo se ha pisoteado a las instituciones, con protagonistas provenientes de cargos o representaciones en el régimen pasado y que pasaron a formar parte del Consejo de Participación Ciudadana, Corte Constitucional, CNE, tribunales contenciosos y otras entidades. Cambiaron de la representación diversa de los partidos a la representación única del movimiento en el poder. Pasaron de la defensa de las demandas ciudadanas a la defensa del Estado, pese a que la Constitución dice lo contrario.

Hoy esta CC tiene en sus manos la decisión de resolver en Derecho Constitucional las siete preguntas planteadas por el Presidente, sin presiones del poder ni de quienes dentro o fuera del país pretenden caotizar e inducir con argumentos mañosos y tramposos, a los que se acostumbraron, porque no les gusta vivir en democracia y respeto al ordenamiento jurídico. De no actuar independientemente, el país debe movilizarse para exigirle que actúe con diligencia y se olvide de sus fallos a favor de quienes han hecho tanto daño a la nación y llenos de tanta corrupción. Un ejemplo: la acusación fiscal contra Glas. El Ecuador requiere superar estos temas de gobernabilidad cuando hay graves problemas represados en lo económico, social y de generación de empleo, que se espera sean solucionados.