Miguel Rivadeneira

No jueguen con las vidas

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Flexibilizar las sanciones y la complacencia del oficialismo ante los pedidos de los choferes no es bueno para una sociedad que no tiene cultura en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ni siquiera funciona un sistema nacional de educación vial pese a que la ley, vigente desde agosto del 2008, dispuso obligatoriamente que se incorpore en los planes de estudio. De eso debieran preocuparse gobierno y Asamblea en lugar de congraciarse con un sector de dirigentes que cada vez busca protegerse y debilitar el marco jurídico frente a la reincidencia de accidentes que producen muertos, heridos y discapacitados.

Este, como hemos reiterado, no es un problema exclusivo de los conductores del transporte público sino general y cultural. Por ello es fundamental la autocrítica, incluido de los peatones. En el sector privado se observa a diario la irresponsabilidad en la conducción, también con la anuencia de este gobierno, que flexibilizó los requisitos y la obligatoriedad de los cursos de capacitación, tan necesarios para todos, sin distingo. No respetan las señales de tránsito y el exceso de velocidad es a diario, en carreteras y vías urbanas.

No contentos con todo lo que han logrado del gobierno y la Legislatura, en donde dos de sus representantes han sido dirigentes de los sindicatos y federaciones, hoy se pretende flexibilizar aún más la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se propone bajar las sanciones, reducir las multas y la disminución de puntos por exceso de velocidad y hasta otro asambleísta plantea eliminar la prisión por esta causa.

Esto contrasta con lo que señalan informes de la ONU, la OMS y la Federación Internacional de Automovilismo, que luchan por prevenir los accidentes y promover la capacitación, las buenas prácticas como evitar los excesos de velocidad, no beber y conducir. Incluso, y así funcionan muchos países, sacan de circulación con sanciones definitivas a los infractores reincidentes y graves.

A pesar de los avances, el número de muertos, heridos y discapacitados sigue siendo alto. Acá se vuelven casi intocables porque son aliados y protegidos del poder. Basta revisar todo lo que han recibido: exoneraciones, compensaciones, subsidios, tarifas, reformas favorables, etc. ¿A cambio de qué? El servicio no ha mejorado, salvo excepciones. Basta usar el transporte urbano, intercantonal y provincial para constatar esta realidad. ¿Por qué no preguntan primero si están contentos los usuarios de este servicio antes de hacer cualquier cambio? ¿Cuándo piensan en las víctimas, fallecidos, heridos, discapacitados y cuándo generan confianza y seguridad en el resto? Cómo es posible que intenten flexibilizar las sanciones por exceso de velocidad cuando por este motivo, según indicadores internacionales, el 98 % fallece y el 2 % queda inválido y discapacitado.