Miguel Rivadeneira

Fin a engaños

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La vida es de aciertos y errores, que como seres humanos cometemos. Sin embargo, el engaño (retraerse de lo pactado) va más allá y obliga a rectificaciones. No se puede pasar por alto últimos hechos ocurridos en el gobierno saliente, sustentados en documentos, que evidencian cómo hasta el final se engañó a las FF.AA., con la imposición de caprichos propios del autoritarismo e intolerancia, por sobre resoluciones de organismos colegiados. La imposición del atropello, la burla y la arbitrariedad sin espacio para el razonamiento lógico y el cumplimiento de acuerdos previos.

El país conoce el forcejeo entre el gobierno y el Instituto de Seguridad Social de FF.AA. por deudas y terrenos que fueron entregados con escrituras públicas. Al final, el 4 de mayo último el Consejo Directivo del ISSFA conoce el informe de la comisión técnica que analiza la propuesta de Inmobiliar (Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público) sobre la enajenación de macro lotes en el parque de Los Samanes de Guayaquil y autoriza la transferencia (oficio 53).

Empero, el 15 de mayo (oficio 222) Inmobiliar notifica que la resolución del consejo del ISSFA (que preside el ministro e integran altos jefes militares) fue materia de revisión en la octogésima sesión del gabinete ampliado itinerante de Montecristi, “que nos fuera participada mediante oficio 53, sin que en la misma se haya revisado el contenido del acta del consejo directivo del 4 de mayo”. Luego, en el oficio 226 se notifica la decisión del Estado de expropiar tres predios. La Ley para la eficiencia en la Contratación Pública, en su art. 58, dispone que perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social se buscará un acuerdo directo entre las partes y que para que se proceda a la ocupación inmediata se debe realizar el pago previo o la consignación en caso de no existir acuerdo. Todo se hizo tabla rasa.

Igual ocurrió con el colapso del colector que pasa por los alrededores de la plataforma gubernamental, inaugurada 48 horas antes del fin del mandato. Un problema técnico que debió resolverse en ese ámbito, pero se acusó a la administración municipal de ser la responsable cuando de acuerdo a los informes oficiales era una obra aún no recibida de los constructores chinos, que habían firmado un contrato con el Estado, que había hecho algunos cambios al trazado del colector y que evidenciaron fallas.

Igual ocurrió el año pasado en la Asamblea, en donde se aprobó la ley que regula a las empresas de salud prepagada, con datos falsos del IESS, que fueron hasta notariados y luego desmentidos con informes con cuadros de la Superintendencia de Compañías y la Gerencia de Eficiencia de la Red Pública del Ministerio de Salud, que concluyó que “disponer de información correcta y real garantiza una adecuada toma de decisiones”.