Miguel Rivadeneira

Ocasión para una reforma integral

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 16
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 10

Las crisis ofrecen oportunidades. Si se quiere actuar con responsabilidad, de manera técnica y sin demagogia, el tema de la seguridad social debe ser enfrentado con seriedad y conocimiento. No puede manejarse en forma politiquera para cubrir necesidades porque requieren urgentes recursos o dejar de pagar deudas contraídas y firmadas debido a la realidad que se vive, en parte por el enorme gasto público que se quiere mantener.

Por qué en lugar de buscar parches, confrontar y tratar de poner en duda si el IESS les pertenece a los afiliados y jubilados (igual digan que el Issfa e Isspol no les pertenece a militares y policías) no se aprovecha el momento y se empieza a construir una reforma estructural que proyecte al futuro a la seguridad social, basada en estudios y con sustento técnico.

El problema no solo es para los jubilados y pensionistas sino lo más grave: cuál es la expectativa que tienen los jóvenes y las nuevas ge­neraciones que deben aportar obligatoriamente, casi como un impuesto, debido a la incertidumbre que tienen.

Preguntarse ¿hasta cuándo resistirá la existencia del Instituto en estas condiciones, cuando necesita fondos previsionales a fin de atender las necesidades de futuro? La politiquería ha sido evidente cuando, por ejemplo, incorporaron a la atención del IESS no solo a más afiliados, que fue positivo, sino a
los menores de edad pero sin financiamiento, sin sustento técnico y sin el crecimiento suficiente de la oferta en salud.

¿Dónde está el sistema de la seguridad social que se comprometieron a crear y la integración de todas las entidades que trabajan en este campo, como establece el artículo 370 de la Constitución? Según el artículo 11, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos y ninguna norma jurídica podrá restringir las garantías constitucionales.

El oficialismo quiere imponer y disponer, pese a que la Constitución (artículo 372) señala que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del Fisco. Resulta que desaparece la deuda del Estado cuando tienen que seguir cumpliéndose los compromisos reconocidos y firmados por ministros y la obligación de ley.

Los documentos sobran, incluso de quien como candidato presidencial en el 2006 se comprometió, con su firma, a cumplir varios puntos con el gremio de jubilados, uno de ellos el pago de la deuda. Se argumenta la falta de reglamento a la ley desde el 2009 y resulta que el 4 de febrero de ese año el presidente del Consejo Directivo de entonces, hoy ministro de Estado y por tanto testigo de cargo, le remitió al Presidente el oficio 11000000.117 con el texto para que lo revise y lo apruebe, pero en más de seis años no hubo voluntad para hacerlo. Al final por la crisis, la escasez de recursos y el imparable gasto público se puede afectar a jubilados y afiliados.


mrivadeneira@elcomercio.org