Uno de los problemas serios de la economía ecuatoriana constituye la exagerada deuda pública externa, que según cifras oficiales asciende a USD 27 866 millones (consolidada) mientras que incluyendo la deuda interna a instituciones como el IESS, la Corporación Financiera Nacional, Petroamazonas, el Banco Central y otras, suprimida mediante decreto presidencial, ascendería a aproximadamente USD 40 845 millones (agregada), superando ampliamente el tope del 40 % referencial.
El tema se agudiza si se considera que los ingresos nacionales han disminuido severamente, por la baja del precio del petróleo, mientras que el ritmo de gastos se ha incrementado por efectos del terremoto y otros, produciendo un déficit superior al 8 %, con lo cual el pago de capital e intereses se vuelve una carga fuerte para la economía, representando egresos de 7 700 millones en 2015 y superior a los 10 000 millones en 2016, montos superiores a aquellos destinados a educación y salud.
Adicional al crecimiento geométrico de la deuda, misma que habría crecido en más del cien por ciento en una década, están sus términos de contratación, plazos relativamente cortos y tasas altas, así se deriva de la información pública suministrada, tal es el caso de las dos última emisiones de bonos en este año, cuyos rendimientos están entre el 8.75 y 9.62 % y los plazos entre 6 y 10 años, mientras organismos multilaterales ofrecen créditos al 2 y 3 % anual.
Apremia una renegociación de la deuda que contemple ampliación de plazos y reducción de tasas, lo primero permite tomar holgura en el tiempo y lo segundo disminuir el peso en los egresos del presupuesto general del Estado, aquello permitirá disponer de mayor liquidez y continuar con las obras de infraestructura propuestas, mientras se reactiva el sector productivo, conforme ha expresado el nuevo gobierno y se logra elevar el nivel de empleo y aumentar los flujos monetarios desde el exterior por concepto de exportaciones.
De existir coherencia entre lo expresado y las acciones a tomarse, lo primero en la agenda fiscal sería renegociar la deuda con China, principal prestamista del país, cuyo peso respecto del total de la deuda representa sobre el 30 %, con tasas que van entre el 8 y 10 %, así como ejecutar el plan de austeridad ofrecido por el nuevo presidente.
De allí la necesidad técnica de volver a los organismos multilaterales de crédito, cuyos capitales se ofrecen a tasas que en la mayoría de casos no superan el 4 % y cuya función es precisamente otorgar créditos promoviendo e incentivando los procesos de cooperación económica regional e internacional y facilitar el crecimiento e interdependencia entre sus países miembros. Este propósito adicionalmente está atado a objetivos sociales como reducir la pobreza, mejorar y los estándares educativos y de salud, mejorar el comercio y propender hacia el desarrollo económico, social y cultural de modo sostenible y duradero.