Ya nadie detiene a ese proceso que lleva casi ocho años, y que en esos albores de euforia triunfalista calificó su líder como una necesidad de lucha contra la prensa corrupta. En algunas sabatinas utilizó términos despectivos y rompió periódicos.
La SIP en la 70 Asamblea, celebrada en Santiago de Chile hace pocos días, ha resuelto exhortar a nuestro Gobierno para que tramite la derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, por irrespetar la libertad de expresión, al convertir la Información en servicio público; y tener, desde agosto-2014 algunos elementos punitivos en el flamante Código Integral Penal. Le pide que el país se sujete a los estándares internacionales.
Considera que en más de un año de aplicación –desde junio del 2013- han dejado de existir cuatro periódicos, que 25 medios han sido sancionados, y que se han expedido 43 resoluciones, 12 absolutorias y 31 sancionadoras, desde amonestación escrita, disculpas públicas y publicar rectificaciones. Dicha Ley fue objeto de demandas ante la Corte Constitucional por contener abundantes artículos violatorios y, para detener su vigencia, el 31 de julio del 2013, en una carta pública al Presidente de la República, 36 organizaciones de la red mundial IFEX señalaron que dicha Ley ha motivado serios reparos de los Relatores de Libertad de Expresión y Opinión de la OEA y de la ONU, por atentar a la libre expresión, y por otorgar a un funcionario, no judicial, amplias facultades de vigilancia y de sanciones.
Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos el 22-IX-2013 se opuso a que el Consejo de Participación Ciudadana, integre ternas para nombrar al titular de la Superintendencia de Información y Comunicación por violar el lit. k) numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, que garantiza el debido proceso, y por no haber sido consultado al pueblo en el referendo del 7-V-2011. Apoyó la suspensión de su vigencia, hasta que la Corte falle sobre las demandas.
Sin meditar, ni escuchar estos clamores de nivel mundial y nacional, el 16 de octubre-2013 se nombró al Superintendente de Comunicación, quien celebró el primer año.
Las objeciones a esta Ley de Comunicación tuvieron análisis puntuales como el que presentó el 4 de agosto del 2013, la Academia Ecuatoriana de la Lengua sobre el art. 26 que crea la figura del “linchamiento mediático” al prohibir la difusión de informaciones directas, o a través de terceros, al ser producida de forma concertada y publicada reiteradamente por uno o más medios de comunicación, para desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.
Este análisis fue suscrito por Rodrigo Borja, Fabián Corral, Hernán Rodríguez y Simón Espinosa. Nada impidió su plena vigencia, y en pocos días más, habrá “defensores de audiencias” en los medios de comunicación. Dichos comisarios son parte del cerco que sigue consolidándose.