Los latinoamericanos, especialmente aquellos que son firmes adherentes a las proclamas populistas y socialistas, esgrimen siempre como argumento la supuesta soberanía de los países para rechazar que los conflictos en los que se encuentren involucrados los Estados con los particulares, sean dirimidos por tribunales del exterior integrados al amparo de tratados internacionales. Buscan que cualquier controversia, de la naturaleza que fuere, sea decidida por jueces adeptos a sus intereses, a los que se les puede dictar órdenes para que emitan sentencias sesgadas o, cuando aquello resulte complicado, simplemente coloquen a las causas a dormir el sueño de los justos. Son precisamente aquellos en los que la institucionalidad jurídica está corroída, los que menos inversión foránea reciben.
La razón es simple. ¿Puede existir confianza en la justicia de un país en donde un fiscal sale a revelar presiones desde las más altas esferas del Estado para condenar a un opositor político con pruebas fraguadas; o, donde al acusado se le coartó su derecho a la defensa? ¿Puede alguien aventurarse a poner en riesgo su patrimonio en un país donde un fiscal, que conoce una causa que involucra a la Presidenta de una nación, aparece muerto y el caso no se aclara ni se resuelve y permanece en el olvido?
¿Es posible decir que existe seguridad jurídica si un juez que falla en contra de la posición oficial, dándole la razón a un particular, es destituido inmediatamente? ¿Se puede confiar en un sistema en el que un medio de comunicación es condenado a pagar millonarias indemnizaciones por el hecho de publicar un artículo de opinión? Todos estos elementos son analizados para configurar el riesgo de un país para receptar inversiones y, por lo mismo, no es de sorprender que en donde se dan estos hechos, que ponen en evidencia la poca fortaleza de las instituciones, son los que menos recursos reciben en la región.
Pero lo paradójico es que en estos países la opinión pública es proclive a aceptar los mensajes del populismo y, no pocas veces, analiza superficialmente las consecuencias de estos procedimientos que terminan caricaturizando a los sistemas jurídicos, los cuales son categorizados como espacios alineados con los poderes de turno, de los que no cabe esperar independencia alguna, en el evento que deban conocer causas en los que se discutan posiciones que los enfrenten a los Estados.
Antes de echar la culpa a terceros es importante observar hacia adentro y mirar lo que se está haciendo mal. Si se busca atraer capitales, la certeza juega un papel fundamental. Poco beneficio hacen esas prácticas en las que incluso se plantean cambiar normas constitucionales para satisfacer episódicos intereses políticos.
En esos escenarios, en vez de atraer a personas dispuestas a hacer empresa lo que se logra es ahuyentarlas, enviándoles el mensaje que busquen lugares en los que las condiciones jurídicas sean estables y no estén sujetas a los vaivenes de la política de turno. ¿Es tan difícil entenderlo?