Los audios y videos que circularon la semana pasada, ponen en evidencia la degradación ética que campeó en la cúpula del gobierno saliente. Ni más ni menos que el juez de cuentas de la nación, que tenía por obligación legal velar por los intereses del Estado, aparece campechanamente hablando, muy suelto de huesos, sobre supuestos “pedidos” que habría realizado un particular a una empresa acostumbrada a obtener ventajas a través de los sobornos y las coimas a funcionarios corruptos, personaje cuya única credencial era estar emparentado con uno de los mandatarios del país. Y a partir de esa conversación, recogida en una grabación hace cerca de un año, la única certeza que esgrimía esta autoridad era que iba a ser reelecto en su cargo. Una seguridad propia de quienes se sabían parte del tinglado montado para sacar provecho personal y enriquecerse obscenamente utilizando la alta posición que ocupaba, cargo que en un Estado que se respete debía alojar a un/a profesional de altos méritos académicos y de conducta intachable, perfil que no alcanzaba el funcionario de marras, al que la institucionalidad de una revolución decrépita había calificado con notas perfectas: 100/100. No se necesitan más pruebas en lo político para llegar a la conclusión que la etapa vivida ha sido una de las más obscuras de la historia del Ecuador, donde la soberbia y prepotencia de algunos mediocres envanecidos por el poder edificó un esquema legal que facilitó las trafasías; y, ante todo, blindó a los responsables evitando que respondan por sus actos ante la justicia.
Adicionalmente, los berrinches de los involucrados dejan entrever que no tiene el más mínimo rubor por lo sucedido. Para ellos todo ha sido normal e impecable, cuando la mínima conducta a esperar sería que se retiren de los cargos que ocupan, al menos hasta que se dilucide ante la justicia si tuvieron o no responsabilidad en este montaje pestilente. Ya nada sorprende en individuos que falsearon cifras u ocultaron obligaciones para decir que se vivía en un paraíso, cuando en la realidad atravesamos una crisis de proporciones generada por una política de despilfarro que amenaza la estabilidad de todo el sistema económico.
La peor herencia de la anterior administración es haber posicionado en el imaginario un supuesto éxito de gestión, cuando en la verdad de los hechos el fisco se halla sepultado en deudas y retrasos con proveedores, agobiado por encontrar recursos que le alcancen para pagar la nómina de un aparato estatal desbordado; y, además, habiendo dejado una estela de corruptelas que poco a poco van saliendo a la luz pero que, penosamente, no provocan la alarma social que este tipo de conductas merecerían en un país que precie por sobre todo la honestidad y la transparencia.
Hay que restaurar los valores éticos en el país. No puede ser que los ecuatorianos descubramos la verdad solamente con las noticias que nos llegan de fuera. Si no hubiese sido por esas fuentes aún nos estarían hablando de honorabilidad.