Lolo Echeverría Echeverría

Merecen la revocatoria

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Para todos está muy claro, no para la revolución ciudadana. La Constitución que aprobaron en Montecristi dice, en el artículo 371, que “las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de los ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado”. Añade que los recursos del Estado destinados para el seguro “constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna”.
Para hacer posible que los recursos consten en el Presupuesto era indispensable establecer la cantidad y la ley señaló que debe ser el 40% del monto necesario para financiar las pensiones de los jubilados.

¿Cómo podían los “revolucionarios” eludir este mandato constitucional? Esos dineros eran intocables; ellos mismos, para evitar que a alguien se le ocurriese mezclar los dineros del Fisco con los dineros del IESS, establecieron una aclaración en el artículo 372 que dice: “Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco” y, como si hubiesen adivinado la tentación que iban a tener siete años más tarde, establecieron una prohibición: “ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”.

En lugar de reducir el gasto público para ajustarse a los ingresos reales, el Ejecutivo decidió pedir a los asambleístas que aprueben una ley que le ahorra 1 100 millones de dólares. Los legisladores, siguiendo el hábito gregario que han venido observando, aprobaron sin objeciones la ley que afecta a los trabajadores y se pasa por encima de la Constitución. En el Consejo Nacional Electoral se ha presentado ya el primer pedido de revocatoria del mandato en contra de ocho asambleístas que votaron a favor de la ley cuestionada.

Se merecen la revocatoria porque se burlan de la Constitución al cambiar la orden clara, sin condiciones, de establecer, cada año, en el Presupuesto del Estado el valor correspondiente al 40% de la pensiones de jubilación, por la promesa hueca de financiar todas las pensiones cuando el IESS no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones de pago. Es una burla la oferta de acudir en auxilio cuando se hayan vaciado las arcas del IESS. No pueden financiar ahora mil millones y ¿pretenden que alguien financie en el futuro USD 70 000 millones?

La publicidad oficial presenta como una oferta generosa que se concretaría cuando el IESS haya quebrado en un plazo que cada funcionario, para mayor sarcasmo, establece a ojo de buen cubero. Unos dicen que cuarenta años, otros que 25 y otros que 12. El fondo de pensiones ya tuvo déficit este año, según un miembro del Consejo Superior.

lecheverria@elcomercio.org