León Roldós

País en estado de sitio

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Es el Ecuador de los días que vivimos. No se trata solo el estado de excepción decretado por el presidente Correa por los riesgos de erupción del Cotopaxi, sino de todos los hechos que se vienen produciendo. Hasta ahora la “erupción” social, imposible de desvincular de los índices e informaciones muy preocupantes en lo económico, es lo más sensible.

Las movilizaciones, la marcha indígena y la presencia de los contradictores en las calles, superan a lo que tradicionalmente fueron las huelgas generales en tiempos en que los riesgos de sanciones no se extremaban.

Hoy en el sector público no hay suspensión de trabajo con toma de locales, ni de profesionales ni de maestros ni de trabajadores, porque saben que serán reprimidos y destituidos -alguien decía “se tragan su rabia”- lo que no significa que luego de despojarse de los uniformes se abstengan de participar en las concentraciones.

En la empresa privada saben que una interrupción de trabajo, aun cuando sea hecha por los trabajadores, traerá sanciones desde varios espacios del poder. Ya lo han sufrido. Por eso, trabajadores y empleadores la evitan.

El Gobierno intenta ganar tiempo para que antes de finalizar el 2015, en su asamblea nacional, se aprueben sus enmiendas a la Constitución, entre estas, la de la reelección indefinida. Están seguros que esta es la única vía posible, porque nunca resistirían una consulta popular sobre principios, de allí que frente al discurso de “por qué no la piden recogiendo firmas” o de que “pidan revocatoria del mandato”. En los hechos, su dominio absoluto de la Función Electoral y de la Corte Constitucional hará imposible que se llegue a la consulta popular.

La comunicación es esencial en cualquier sociedad. En el texto del citado decreto presidencial de declaración de emergencia en todo el territorio ecuatoriano, por los riesgos del volcán Cotopaxi, se expresa: “La ciudadanía solo podrá informarse por los boletines oficiales que al respecto emita el Ministerio Coordinador de Seguridad, quedando prohibida la difusión de información no autorizada por cualquier medio de comunicación social, ya sea público o privado o ya sea por redes sociales”.
Lo del Cotopaxi se convierte así en un espacio de ensayo de la imposición de la “única versión” que pueda expresarse, aun por redes sociales, en casos que el Gobierno califique de estado de excepción.

Parecería que se piensa “de funcionar esta vez, sin protesta después se podría repetir lo mismo, en otras emergencias que declare el Gobierno, por temas políticos, sociales o económicos”.
La información debe ser responsable, pero el hecho de “la única versión” no garantiza veracidad, sea porque esta sobredimensione las cosas, o sea porque las oculte.