León Roldós

El derroche de USD 4 millones

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El 14 de julio del 2016, el Presidente Correa anunció la consulta contra quienes tienen negocios en paraísos fiscales y puntualizó “ prácticamente no tendrá costo para el país, pues se la realizará con las elecciones generales de febrero de 2017”.

El 29 de diciembre del 2016 se publicó el presupuesto de la consulta, USD 4.038.578,64, dividido en dos segmentos: el de los costos en que incurriría el Consejo Nacional Electoral, USD 2’885.076,64; y, el del subsidio a las organizaciones políticas y los movimientos autorizados para hacer campaña por el SI o por el NO en la consulta, por USD 1´153.502.

¿No tener costo es farrearse USD 4.038.578,64?
Una autoridad electoral expresó que había un ahorro de más USD 36 millones, porque si la consulta no se hacía al tiempo de las elecciones generales de 19 de febrero del 2017, su costo estaría por encima de los USD 40 millones.
¿Era o es indispensable la consulta? Veamos la pregunta:

“¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

Con la pregunta, se explica que su vigencia no es inmediata, sino que en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados de la consulta, “la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano”, puntualizando que dentro del año, realizadas las reformas, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular. Su incumplimiento causará la destitución.

Con la mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, de la que ha hecho uso y abuso el Presidente, debió reformarse las leyes mencionadas en la consulta –y quizás hasta con un extendido beneplácito, aun cuando la corrupción dominante no se debe a que existen paraísos fiscales, sino a la no transparencia del gobierno y a formas de encubrimiento hasta cuando ésta ya se desborda- sin necesidad de consulta alguna y sin el despilfarro de más de USD 4 millones. Los beneficiarios del subsidio quizás harán combo con el costo de sus campañas presidenciales y para asambleístas, con lo cual la ciudadanía pagaría buena parte de sus campañas.

Esta consulta –para el Gobierno intervenir en la campaña electoral, a pretexto de la consulta- hace sensible el tufo de fraude, que no se limita al conteo de votos, sino que también es referente a intromisión con la maquinaria y propaganda del gobierno con su versión sesgada de cosas y hechos en el proceso electoral.