En la República Popular China se sigue una purga contra los que han perdido sus protectores en tiempos recientes.
Un secreto a voces es la corrupción en un alto porcentaje de negocios, que en lo internacional, como son negocios de “Estado a Estado”, sus empresas gozan de privilegios en países en que contratan, entre estos, hacer negocios llave en mano, no pasar por licitación o concurso alguno y no tributar en el país donde se hacen los negocios, a más de los aspectos geopolíticos, porque por ser gobernada por su Partido Comunista, todo gobernante que se precie de cuestionar al capitalismo y al imperialismo debe preferir a tales empresas estatales.
Las preguntas iniciales son por el énfasis en ese país de que en la República Popular China y en su Partido Comunista no hay corrupción, sino que de cuando en cuando hay traidores que se hacen corruptos, por lo tanto su primer castigo va por su internamiento –que históricamente ha incluido a cónyuges y familiares, como también se lo hace en Corea del Norte- hacia una especie de reeducación y marca de afrenta, en condiciones que podrían hacer pensar en los campos de concentración del nazismo. Y luego se pasa a juzgamientos por corrupción que van hasta la condena a muerte, para sentar precedentes.
Por eso, se han dado casos de quienes cuando sienten que son perseguidos, prefieren el suicido, pero ni así se han salvado sus cónyuges y familiares del escarnio.
En una estructura democrática, aun cuando no esté abolido el capitalismo, las funciones del Poder Público están diferenciadas. Hay Contraloría, con competencias previas, concurrentes y posteriores, sobre las actuaciones de mandatarios y funcionarios públicos de todos los niveles. Hay Función Judicial y Justicia Constitucional que no dependen de hilos conductores del poder político.
Alguien acusaba: “Cuando hay jueces sometidos y que actúan por miedo, más que hilos conductores, hay tinglado de marionetas”.
Con esas experiencias, aun cuando el presidente Correa las sienta ajenas, a este debe interesarle una Contraloría que sea independiente y oportuna, igual que debe suceder en todos los organismos de control del Estado. Solo así se frenará la corrupción.
La luz amarilla en el control del Estado, evitaría, o por lo menos atenuaría, que desde espacios fuera del poder público surjan las denuncias que inicialmente el Gobierno tacha de ataques de sola oposición política, solidarizándose con los denunciados, como los casos de Carrión, ex-Ministro de Deportes, que simbolizó sus actos de corrupción con la figura de los payasos y del dueño del circo, y de Pedro Delgado, con presencia multiplicada en los espacios del poder.
Los serviles sobran y hacen daño. Los que tienen solvencia moral, técnica y profesional cuánto bien le hacen a un Gobierno.
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