Miguel Rivadeneira

No a las medias tintas

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 8
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 100

El anuncio positivo del Presidente en funciones de no utilizar el servicio civil de protección de autoridades sino confiar en la institucionalidad (FF.AA. y Policía), no arregla el problema creado por la Asamblea, tras la imposición del poder omnímodo en el régimen anterior, basado en una inconstitucionalidad y que debiera ser reparado. La alternativa es la declaratoria de inconstitucionalidad de una parte del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y su derogatoria.

Así engañaron (lo saben militares activos y pasivos) con la Ley de Fortalecimiento del ISSFA, que resultó lo contrario: de división y de proceso de destrucción de la seguridad social y que le vuelve insostenible en el tiempo. Un sistema previsional se proyecta a futuro y por ello urge su rectificación y reforma.

El argumento de que en esta administración no se hará uso de la disposición que crea el cuerpo civil armado que establece este Código deja el problema vigente y latente para que el gobierno que asuma en el 2021, del signo político que fuere, pueda establecer este grupo al servicio del poder de turno.

Según la Constitución, art. 158, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía. Se suma la última enmienda constitucional que dispone que complementariamente FF.AA. apoyarán en la seguridad integral del Estado. Así aprobaron antes, en forma inconstitucional, la reforma a la Ley de Seguridad Pública y luego la enmienda constitucional en ese sentido. No puede, por jerarquía de las normas (art. 425), la Constitución allanarse a una norma menor.

Hay malas experiencias de estos grupos. El ejemplo de los 18 años de la fracasada revolución de Venezuela (similar en varios aspectos a la revolución ciudadana como la concentración del poder y la creación de nuevas funciones del Estado), que tiene sumido en la pobreza y miseria a su pueblo, sin alimentos ni medicamentos. Grupos civiles armados de defensa de la revolución, que atentan diariamente contra la vida de los ciudadanos. A tal punto llega el descontrol que el ministro de Defensa y comandante de FF.AA., general Vladimir Padrino, alineado al régimen opresor de Maduro, reconoció e hizo un llamado a respetar los DD.HH. y que paren las atrocidades que cometen en las calles. ¿Eso queremos para el Ecuador del futuro, para hijos y nietos?

Igualmente, más allá de las promesas de campaña, debe concretarse las reformas a la Ley de Comunicación, que tanto daño ha hecho a la práctica del periodismo libre y que ha servido para perseguir, sancionar y generar autocensura. En estos cuatro años de vigencia se ha tramitado cerca de un millar de procesos; 524 terminaron en sanciones, 323 multas, 136 amonestaciones por escrito y 54 disculpas públicas, según de Fundamedios.