Jorge León

Impunidad y condena pública

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La mayoría legislativa blinda al Vicepresidente de todo, lo cual ya crea dudas, cuando él debería comparecer formalmente, no como invitado, para explicar su responsabilidad política en los sectores estratégicos.

Uno de los males crecientes y destructor de instituciones y de la política es la corrupción. Se perfecciona, aún en los países con sólidas instituciones en donde es difícil corromper.

El mayor freno a la corrupción es la ética pública, esa que da mala conciencia por realizar algo considerado inadmisible. Pero el mundo actual en que crece la sed de consumo y del lucro, las bases mismas del mundo del capital, las defensas contra la corrupción se debilitan. Es fácil imaginar, entonces, que en un Ecuador a donde llegó mucho dinero, se destruyó el sistema de control con la concentración de poder, se hizo contratos sin las pautas debidas y la sociedad perdió su posibilidad de hacer real contrapeso al Gobierno, y las licencias para la corrupción se multiplicaron a todos los niveles.

Además, en un país en que las instituciones no logran bien consolidarse y sus políticos pretenden refundarlas a cada rato, multiplicando leyes y reglamentos, aquellas se vuelven más frágiles porque crean desconfianza inmediata de la ciudadanía, pues ya conoce la canción y le hace falta hechos que demuestren coherencia con lo que se predica.

Frente a la corrupción, así, podrán crearse comisiones, leyes, reglamentos, incluir al Legislativo y al Ejecutivo, que de poco servirá, si no se sanciona a los culpables. La impunidad permite que la corrupción continúe y se banalice. Siembra cinismo en la ciudadanía que, con esta desconfianza, considerará que siempre es así y que todos son iguales.

Por ello, el desafío actual es de talla. No basta encontrar a unos cuantos corruptos, sino a los destinatarios finales de tanto millón y lograr una sanción ejemplar. Los que aparecen pueden ser simples intermediarios de superiores a quienes protegen.

Situaciones como la actual no puede ser tarea de los que están en el poder, a lo mejor cómplices e encubridores, sino de la acción colectiva, de la sociedad civil, pues además de la legal es indispensable una sanción pública.

A cada paso importante de la historia ecuatoriana, la contestación y la protesta callejera jugaron un rol decisivo. Ahora, a lo mejor sirva de presión para que emerjan los hechos y no haya protección e impunidad a los de arriba, sino sanción a todos. Por eso la importancia de la Comisión Cívica Anticorrupción con su trabajo constante y de la prensa crítica.

La acción colectiva de protesta crea precedentes de ética pública con la condena general a los encubridores y corruptos. Pero es indispensable darle ese y otros significados para que perdure en las mentes y no se borre con el desahogo de la protesta ante la indignación.