La semana pasada recibí un mensaje de correo electrónico en el que se relataba el robo de un celular y la forma en que la víctima persiguió, atrapó y golpeó al ladrón, recuperando su teléfono. El asaltante luego de la paliza había escapado, lo que para el relator de esta historia era lo de menos porque el culpable ya había recibido su castigo y él había recuperado el celular.
A ese correo, enviado en cadena, le siguieron mensajes entusiastas felicitando al “justiciero” y mostrando satisfacción por la forma en que el evento había terminado. Varias personas se preguntaban si la golpiza había sido lo bastante fuerte como para que el malandrín aprenda.
Existía un consenso, no unanimidad, en que la zurra era correcta, opinaban que de haberse entregado al responsable del robo a las autoridades el suceso habría quedado en la impunidad. Un par de personas, tímidamente, dejó saber que no les parecía correcto lo sucedido: el ladrón ya capturado debió ser entregado a la Policía, la ‘justicia por mano propia’ parecía una vuelta al “estado de la naturaleza”.
Nuevos mensajes, esta vez para dejar en claro que todos rechazaban la violencia, pero consideraban una visión ingenua tomando en cuenta la situación actual del país.
Personas informadas, educadas, inteligentes, sensibles, veían en este evento una suerte de venganza personal por los atracos que ellos, sus familiares o conocidos habían sufrido alguna vez. Todos, incluso los que expresaron su desacuerdo con la golpiza, compartían la misma sensación de inseguridad frente al delito y la delincuencia.
Al día siguiente recibí un mail –masivo- de la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura (CJ) informándome que los ecuatorianos confiamos en el sistema de justicia. Dos fuentes internacionales eran citadas en la nota, la encuesta Lapop y el Barómetro de las Américas colocaban a nuestro sistema entre los mejores evaluados (sexto entre 25 con un 48,2% de confianza).
Esto me llamó la atención porque unas horas pocas antes había leído -en el portal de noticias Infobae- una nota en que se afirmaba, citando la misma fuente Lapop, que Ecuador era el tercer país en que menos se confiaba en la justicia (38,6 %).
En ese análisis se correlacionaban mayores niveles de confianza en el sistema judicial con democracias consolidadas y menores niveles de confianza con mayores niveles de victimización por corrupción y delincuencia; ponían como ejemplo específico de no funcionamiento de las instituciones, pese a los cambios, a nuestro país. El CJ explicaba esta noticia como un error de interpretación.
¿A quién creer? ¿Al boletín de prensa? ¿A Infobae? Preferiría tener elementos para decidir, pero para eso debe asegurarse nuestro derecho a acceder a información completa respecto al funcionamiento de las instituciones y la seguridad, en caso contrario nuestras únicas fuentes en estos temas serán la anécdota, la prensa internacional y la propaganda oficial.